La Mancomunidad de Servicios de Promoción Económica Vega Baja ha iniciado el camino que llevará a la extinción de la entidad. Los once Ayuntamientos que la integran están de acuerdo en que hay que bajar cuanto antes la persiana y finiquitar, pero antes hay que elaborar el balance de cuentas y saldar deudas. Entre ellas, el medio millón de euros que todavía se adeuda para indemnizaciones a los extrabajadores o los 300.000 euros que quedan por pagar del crédito que se pidió a un banco para comprar la flamante sede, de casi 300 metros cuadrados, que se inauguró en 2007. La adquisición de las oficinas y su acondicionamiento costaron en pleno boom inmobiliario la friolera de 824.077,93 euros. Sin embargo, ahora que impera la necesidad de vender el local, un perito ha rebajado su valor a tan solo 180.000 euros.
La sede de la Mancomunidad, emplazada en la Avenida de la Libertad de Bigastro, sigue funcionando pero solo para trabajo interno. Hace varios meses que dejó de atender a ciudadanos y empresas para «impulsar la economía de la Vega Baja». En su interior, una trabajadora que sigue ligada a la entidad y un técnico independiente se afanan en elaborar la contabilidad y hacer balance de las deudas, que se calcula asciende a un millón de euros. Mientras tanto, en los despachos continúan amontonadas pilas y pilas de documentos y el polvo se acumula sobre una treintena de equipos informáticos, muchos de ellos en el aula habilitada para impartir cursos de formación y empleo.
Subasta
Echar un simple vistazo al interior de las oficinas es suficiente para extrapolarse a una época de vino y rosas que permitía gastar dinero a espuertas en suelo de tarima flotante, puertas de acceso automáticas con sensores de movimiento y un gran número de dispositivos electrónicos. Presumiblemente todo ese material informático también será vendido para obtener ingresos.
Está previsto que antes de que termine 2013 se reúna el pleno de este organismo para acordar la liquidación de la Mancomunidad. La disolución irá seguida del nombramiento de una junta liquidadora, encargada de continuar la operación de extinción. También estará formada por representantes de los consistorios que actualmente la integran: Bigastro, Benejúzar, Algorfa, Los Montesinos, Jacarilla, San Isidro, Benferri, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Redován y Benijófar, según detalla el presidente en funciones del organismo, Luis Vicente Mateo. En definitiva, el equipo directivo será el mismo, solo que desde ese momento serán los ayuntamientos los que responderán por la deuda de forma directa porque la Mancomunidad, como tal, habrá pasado a mejor vida.
El plan que se ha trazado para liquidarla comenzará instando a los ayuntamientos que todavía adeudan cuotas atrasadas; mayormente, los de Bigastro, San Miguel y San Fulgencio porque entre los tres suman 400.000 euros. Tal y como admitió la alcaldesa bigastrense, Charo Bañuls (PP), su municipio debe más de 130.000 euros en cuotas del anterior gobierno socialista. Con el dinero que se recaude se tratará de finiquitar la deuda con los 12 exempleados que, según el Juzgado de lo Social de Elche, fueron despedidos de forma improcedente y deben ser indemnizados con casi 500.000 euros. Solo así se podrá pedir al juez que levante el embargo provisional que recae sobre la sede de la Mancomunidad. Después de que esto ocurra se podrán subastar las oficinas y, con el dinero que se obtenga, se saldará parte del crédito bancario que se solicitó para comprar el local.
Así, el resultado de la deuda final se dividirá entre los once ayuntamientos implicados en todo este asunto. Las administraciones locales pagarán diferentes cantidades en función del número de habitantes y el tiempo que han pertenecido a la entidad. De no hacerlo, se pondría el caso en manos de los jueces, aunque todos esperan no llegar a este extremo.
