La legislación prevé sanciones de entre 50.000 y 300.000 euros para las infracciones que el Ayuntamiento ha detectado en el vertedero de Proambiente sobre suelo del término municipal. Los expedientes fueron realizados por la policía administrativa y van desde el acceso a las instalaciones y la báscula de pesaje de vehículos, al taller mecánico y el lavadero, un aparcamiento de maquinaria de la empresa, una sala polivalente, un núcleo zoológico, dos depósitos de gasoil y unos vasos clausurados. El Ayuntamiento entiende que todos ellos funcionan con un único objetivo: la actividad del vertedero, y la empresa en sus alegaciones no puede deslindarlos de este fin último. Copia de los expedientes se trasladaron a la Generalitat Valenciana. Cuando Antonio Zapata los abrió recordó que «estas infracciones se cometieron con el consentimiento del anterior equipo de gobierno del PP, en 2008, que permitió a Proambiente instalar una nave pese al informe elaborado por los técnicos y firmado por la entonces alcaldesa Mónica Lorente».
