Torrevieja cuenta con doscientas obras ilegales e ilegalizables con orden de demolición en su término municipal según el jefe de Urbanismo. La acumulación de expedientes sin resolver y por los que el Ayuntamiento ha recibido varias reclamaciones del Defensor del Pueblo para que cumpla con la legalidad ha forzado a la Administración local a preparar un pliego de adjudicación de la demolición de obras ilegales. El problema de acumulación de órdenes de ejecución de derribo es que los infractores no las cumplen y la legislación dice que es el municipio el que debe asumirlas con carácter subsidiario. Es decir, las ejecuta el Ayuntamiento -en este caso a través de la empresa- y luego le carga los costes al propietario. El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno (PP) , preguntado por esta situación explicó que el Ayuntamiento está ultimando la contratación de esta empresa para abordar la ejecución de los derribos. Moreno no abundó ni en el coste para las arcas municipales de esta iniciativa ni sobre el momento en el que la adjudicataria podría comenzar los trabajos. En el perfil del contratante que da cuenta pública de las adjudicaciones de entidad que realiza el municipio este procedimiento no aparece.
Moreno explicó que el Ayuntamiento ha preferido siempre el método de las multas coercitivas: cuando se cierra el expediente con la orden de ejecución de un derribo y el infractor no cumple con su obligación de ejecutarla el Ayuntamiento le va imponiendo una serie de multas económicas, cada vez más importantes, para obligarle a ejecutarla. Según Moreno ese método se ha mostrado efectivo "en muchos casos", aunque la lista de los que no se ejecutan sigue engordando. El concejal recordó que si el derribo corre a cargo del municipio tras la actuación se debe iniciar un complejo proceso para intentar cargar los costes al sancionado, y lo que es todavía más difícil, cobrarlo de forma efectiva.
Ayuda de la Generalitat
El Defensor del Pueblo, que ante las quejas de varios ciudadanos ha llamado en varias ocasiones la atención al municipio por sortear la legislación en este aspecto, conminó al Ayuntamiento a pedir a la Generalitat que asuma competencias urbanísticas en caso de que no pueda hacer cumplir sus propias órdenes de demolición. Algo que viene contemplado en la legislación pero que el municipio ni se ha planteado. Mientras que el Ayuntamiento alega a la institución estatal que no puede hacerse cargo de los casos de derribo y alude a la falta de medios -en un departamento con una treintena de funcionarios- el Defensor del Pueblo da a entender que es el municipio el que se está desentendiendo de hacer cumplir la legislación, e incluso adoptando el plazo de prescripción de las ilegalidades de cuatro años a las órdenes de ejecución de derribos que no caducan hasta los 15. La mayoría de casos de infracciones son de ampliaciones de viviendas turístico residenciales, como terrazas, habitaciones y cerramientos.
