El Tribunal de Cuentas está investigando el uso del dinero público que perciben todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Torrevieja (PP, PSOE, APTCe y Los Verdes) y, ante la falta de justificantes, les pedirá responsabilidades. Esta asignación que reciben del presupuesto municipal se utiliza para el funcionamiento interno y los gastos corrientes tanto del grupo como de los concejales de forma individual. Si, finalmente, no logran justificar en qué se lo han gastado deberán reintegrarlo.
La sección de enjuiciamiento de este órgano especial de jurisdicción contable remitió a finales de mayo al Ayuntamiento unas diligencias en las que anunciaba que el Ministerio Fiscal les había alertado de un supuesto de responsabilidad por daños a los fondos del Ayuntamiento ante la ausencia de contabilidad y de información sobre el uso que los grupos políticos han dado a sus asignaciones. Esta irregularidad fue detectada en el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el funcionamiento del Ayuntamiento de 2011. Los grupos con representación reciben 600 euros anuales y otros cien mensuales por cada uno de los concejales con los que cuenta cada grupo. Por ejemplo, el Partido Popular percibe 18.000 euros anuales; el PSOE, 7.800 euros; APTCe, 5.400 euros; y Los Verdes, 3.000 euros.
El 4 de junio, poco después de recibir la notificación del Tribunal de Cuentas, la interventora elaboró un informe en el que insta al pleno a decidir cuándo va a enviar la contabilidad de los distintos grupos políticos a este órgano que vela por la fiscalización del dinero público en toda España y con qué periodicidad se va a dar cuenta al pleno de cómo se gasta ese dinero los partidos.
El mismo día, el concejal de Hacienda, Joaquín Albaladejo (PP), convocó junta de portavoces en la que presentó una propuesta al pleno por la que se requiere a los grupos para que presenten las cuentas de los últimos cuatro ejercicios para su fiscalización y que desde ahora se debatan en el primer trimestre posterior a cada ejercicio. Que no se trata de un asunto cómodo para los partidos da cuenta el hecho de que ninguno de ellos se haya pronunciado sobre este asunto, pese a que conocen todos sus extremos desde hace días.
Prohibiciones
La legislación no precisa el destino que debe darse a estas asignaciones pero sí describe dos situaciones para las que prohíbe usarlo: no se pueden pagar remuneraciones del personal a disposición de los grupos o concejales -ya retribuidos por otros cauces- y tampoco para adquirir bienes patrimoniales fijos». Los grupos que más dificultades van a presentar a la hora de justificar estos gastos son los dos más numerosos: PP y PSOE.
Un procedimiento que puede acabar en los juzgados
El proceso que está culminando el Tribunal de Cuentas se denomina técnicamente «procedimiento de reintegro por alcance» y forma parte de una jurisdicción especial: se indaga en la ausencia de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tienen a su cargo el manejo de caudales públicos y se les exigen responsabilidades contables; es decir, que devuelvan el dinero.
En este caso, la fase de diligencias previas se cerró con las conclusiones del informe de la Sindicatura de Cuentas de 2011, que decía que en el Ayuntamiento no se ha acreditado que se lleve una contabilidad específica de las asignaciones de los grupos políticos ni haya dado cuenta al pleno, «no sabiendo por tanto si se cumple con lo establecido en las normas legales con relación a los gastos satisfechos». Incluso si en el procedimiento se observan responsabilidades penales el Tribunal de Cuentas puede remitir el caso a la jurisdicción ordinaria. Se trata de una situación inédita en el Ayuntamiento. Ninguno de los grupos ha realizado esta presentación de cuentas por lo que no está claro cómo van a abordar ahora esta espinosa cuestión. D.P.
