El Consorcio de Residuos de la Zona XVII (Vega Baja) y la adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz, sellaron ayer, tal y como estaba previsto, el contrato para poner en marcha el Plan Zonal de la Vega Baja, que establece que los 27 ayuntamientos de la comarca pagarán 49 euros por cada 1.000 kilos de basura que lleguen al macrovertedero proyectado en la Sierra de Albatera, donde está previsto que se viertan 247.000 toneladas al año (más de 12 millones de euros anuales) durante las dos próximas décadas desde el día que se inaugure. Entre otros aspectos, el acuerdo dispone que la adjudicataria -que puso el pasado mes de mayo un aval de 1,9 millones de euros para afianzar su posición- tendrá que abonar una indemnización fijada en 4.000 euros por cada día de retraso en poner en marcha las instalaciones previstas, "siempre que las causas de la demora sean imputables a ellas", confirmó al periódico un portavoz de la institución provincial.
En ese documento ya se pone negro sobre blanco sobre cuándo deberá entrar en servicio las instalaciones ofertadas por la UTE para gestionar la eliminación de todos los residuos que se generen en la Vega Baja. La concesionaria tiene ahora un plazo máximo de un año para construir las instalaciones necesarias para eliminar residuos, de dos años para valorizar la basura y acondicionar un centro de voluminosos y de tres para contar con los ecoparques en los municipios. Si no cumple esos plazos, las dos empresas deberían indemnizar al Consorcio, en el peor de los casos, con 120.000 euros por cada mes retraso.
Coste
Otra de las novedades que se ha desvelado con la firma del contrato es que el coste de todo el complejo lo asumirá la UTE. A diferencia de lo que se previó en un principio, el Consorcio no abonará un canon anual a las dos mercantiles. A cambio, tendrán la concesión durante los próximos 20 años y percibirán esos ingresos que, multiplicados por las dos décadas de vigencia del contrato, se dispara por encima de los 240 millones de euros, de acuerdo con la información recabada por este diario y por los propios informes sobre volumen de basura de los técnicos que integraban la Comisión del Consorcio XVII.
En el contrato las dos partes se comprometen, además, a que la solución transitoria hasta que se construya el macrovertedero sea una realidad en un máximo de 6 meses. Tal y como ha venido informando este diario, la UTE deberá construir una planta provisional de transferencia de basura hasta que las instalaciones de Albatera se levanten. En dicha planta se pesaría la basura de cada uno de los 27 municipios de la Vega Baja para ser compactada después en grandes camiones y derivada a otros vertederos de la provincia mientras el albaterense no entre en funcionamiento.
A priori, las intenciones de Cespa y Ortiz pasaban por ubicar esta planta de transferencia en el polígono Virgen del Carmen de Cox, tal y como se dispuso en la oferta presentada al Consorcio, la cual resultó la mejor valorada por los técnicos. Sin embargo, el pasado 28 de mayo el pleno del consistorio aprobó una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hace imposible que la planta de transferencia se instale allí. ¿Qué ocurrirá ahora? Fuentes del Consorcio aseguraron a INFORMACIÓN que será la Conselleria de Medio Ambiente la que deberá mover ficha y decidir cómo proceder.
Pese a esa incógnita, el Consorcio y la UTE también han explicitado en el contrato la cantidad que percibirán Cespa y Ortiz por tratar los residuos de manera provisional hasta disponer de la planta de Albatera. Serán 8,63 euros por tonelada, incluyendo la transferencia y el transporte, más el canon de valorización y eliminación que se pacte con los consorcios que asumirán los residuos de manera provisional, que según las mismas fuentes rozarán un precio de 50 euros.
Actividad
Así las cosas, desde ayer Cespa-Ortiz dispone de un mes para presentar el proyecto constructivo y de actividad de la estación de transferencia transitoria que tendrá que recibir el visto bueno del Consorcio de Residuos de la Zona XVII.
Según el acuerdo aprobado por ese ente el pasado 9 de abril, el siguiente paso sería que la UTE pida las autorizaciones administrativas pertinentes y, en el plazo no superior a seis meses desde la formalización del contrato, tenga disponible para su estrada en servicio la estación proyectada, en un principio, en el polígono Virgen del Carmen de Cox.
