El Ayuntamiento acumula 200 órdenes de ejecución de demoliciones de obras ilegales e ilegalizables y que debería afrontar de forma subsidiaria. Los municipios están obligados por ley a asumir el derribo de las obras con orden de ejecución si los infractores no las cumplen y luego pasarles el coste. El jefe de Urbanismo, Santiago Romero, ha justificado la inacción municipal en este ámbito en la falta de medios de su área en su respuesta al Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación por la denuncia de una comunidad de propietarios. Según el técnico se encuentra en tramitación la contratación que adjudique a una empresa los trabajos de demolición de obras. Además señala que esa ejecución subsidiaria es un "procedimiento lento y costoso" y al no contar con empresa que las realice se ha optado por "imponer multas coercitivas".
Urbanismo explica que al departamento de infracciones sólo están asignados 4 funcionarios -el área dispone de treinta-. Y sólo desde 2009 esos efectivos cuentan con un programa informático para agilizar los expedientes de infracción y que permite un control del estado de la tramitación. Los funcionarios, se justifica el jefe del Servicio, "han tenido que ir introduciendo la información de cada uno de los expedientes desde el año 2007 en adelante". Con anterioridad "y debido al volumen de expedientes y carencia de programa informático" se estableció el criterio de tramitar de forma prioritaria las infracciones no legalizables con más de 15 m2, las que vulneran los retranqueos de los áticos, además de las que invaden dominio público. El técnico asegura que ante esta situación "es imposible" concluir todos los expedientes e intenta razonar el bloqueo en que Torrevieja cuenta con más de 120.000 viviendas (180.000 propiedades según el catastro). "Sin ánimo de eludir responsabilidades" dice el documento" estas cifran dan una dimensión, en opinión del Ayuntamiento, de la dimensión del ámbito sobre el que debe ejercerse el control de la legalidad urbanística.
Ingresos
Esta carencia de medios que aduce Urbanismo contrasta con las instalaciones con las que cuenta -un inmueble de cinco alturas en el centro de la ciudad inaugurado en 2007- o los datos derivados de los ingresos económicos que recibe el Ayuntamiento directamente de la actividad urbanística. La liquidación de las cuentas municipales de 2012 demuestra que el Ayuntamiento ha ingresado en el impuesto que grava las transmisiones de propiedades urbanas -plusvalía- más de once millones de euros pese a la crisis -dos más de los previstos- y uno más en concesión de licencias e impuestos sobre construcción y sin sumar el IBI. El Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de más de 90 millones de euros y ha adjudicado docenas de contratos en los últimos meses. Otra de las alegaciones municipales para explicar este bloqueo es algunos casos concretos es que las órdenes de demolición prescriben tras cinco años. El Defensor del Pueblo aclara que el Ayuntamiento computa de forma errónea esos plazos y que el periodo de prescripción es de 15.
"Es una competencia irrenunciable"
El Defensor del Pueblo explica al Ayuntamiento que las medidas de restauración del orden urbanístico son "es una competencia irrenunciable y de inexcusable ejercicio por la administración". Es más la institución estatal, que ha recabado estos datos por el caso concreto de una comunidad de propietarios que no logra restablecer la legalidad en una urbanización torrevejense, explica que la ley urbanística valenciana incluso da la posibilidad a los municipios de pedir asistencia a la Diputación o la Generalitat a la hora de hacer cumplir la ley algo que el de Torrevieja ni se ha planteado y que la administración autonómica puede asumir estas funciones "cuando un municipio muestre negligencia o inactividad" en ese cometido. D. P.
