28 de mayo de 2013
28.05.2013
Protesta vecinal

Cox, Granja y Albatera protestan para que los políticos renieguen del vertedero

Los dos ayuntamientos afectador por la planta transitoria celebran hoy, a petición popular, plenos para rechazar el proyecto de Cespa-Ortiz

28.05.2013 | 00:00

Los vecinos de Granja de Rocamora, Cox y Albatera han puesto contra las cuerdas a sus ayuntamientos. El rechazo social a la planta de transferencia de basuras y al macrovertedero previsto en el Plan Zonal de la Vega Baja está forzando a los alcaldes de los tres municipios a apoyar sus reivindicaciones. La manifestación del pasado domingo, que reunió a más de 4.000 personas, puso de manifiesto la fuerza que está adquiriendo un movimiento ciudadano que no solo protesta en la calle, sino que exige a sus políticos acuerdos plenarios que ayuden a frenar el polémico plan de residuos. Tanto es así, que los consistorios de Granja y Cox celebran hoy a petición popular sendos plenos para declarar sus localidades como "zonas libres de instalaciones de vertido, tratamiento y transferencia de basuras", mientras que en Albatera los residentes han exigido a la corporación que apruebe mañana un acuerdo plenario con el compromiso de financiar y apoyar las acciones judiciales que emprenda "Albatera No al vertedero" para impedir que los desechos de los 27 pueblos acaben sepultados en la sierra.

El pleno convocado hoy en Granja de Rocamora por el regidor, José Rocamora, arranca a las 20 horas. Está previsto que la corporación apruebe por unanimidad la declaración del término municipal como zona libre de instalaciones de desechos y ratifique en otro punto la oposición del Ayuntamiento a la instalación de la planta de transferencia en el polígono Virgen del Carmen. En Cox, la sesión está convocada a la misma hora por el alcalde, Carmelo Rives, y también se votarán esos dos puntos, aunque la corporación de esta localidad irá más allá y aprobará una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que establece la "prohibición de cualquier actividad destinada a la manipulación, gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos en el término municipal". De igual modo, los concejales votarán un acuerdo para que se "recoja por escrito el compromiso de los propietarios de los terrenos del polígono a no vender ni alquilar sus propiedades a ninguna empresa que pretenda montar cualquier tipo de planta de transferencia".

Firmas
Además, en Albatera, más de 1.000 vecinos han firmado un documento para solicitar al Ayuntamiento que se incluya en el orden del día del pleno de mañana miércoles un acuerdo para que la administración local contribuya a costear el pago de las costas judiciales, en el caso de que las hubiera, derivadas del procedimiento judicial que el colectivo interpondrá en contra de la adjudicación de la planta de desechos.
También que sufrague el 60% de los gastos jurídicos de los letrados contratados por la asociación o el 70% del gasto del estudio de impacto ambiental encargado a la Universidad de Alicante para demostrar que el presentado por la adjudicataria era irregular. De igual modo, exigen que se inicien los trámites para declarar la Rambla Salada como paraje protegido y que facilite los medios necesarios para desplazar a los residentes hasta el palacio provincial en caso de que decidan volver a manifestarse allí, entre otras cuestiones.

En caso de que el alcalde albaterense, el popular Federico Berná, no acepte incluir este acuerdo en el orden plenario, los vecinos seguirán recogiendo firmas para llegar a las 1.800 rúbricas necesarias para solicitar que se celebre un pleno a con esta finalidad.

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