El Juzgado de Lo Penal 3 de Orihuela ha condenado a siete años de inhabilitación para ejercer un cargo público por un delito de prevaricación al exalcalde de Orihuela José Manuel Medina Cañizares. La sentencia dice que éste no hizo cumplir su propio decreto para que el Ayuntamiento recuperara para el patrimonio municipal un terreno valorado en más de dos millones de euros en la costa oriolana. Los hechos se remontan al 31 de diciembre de 2003 cuando el promotor Residencial Vista Alegre se hizo por subasta municipal con un suelo en el plan parcial Las Piscinas. Cuando fue a comprobar sobre el terreno la superficie qué había adquirido certificó que había pagado por 27.279 metros cuadrados por 13,6 millones euros cuando en realidad el suelo que había recibido contaba con solo 23.310 metros cuadrados.
El alcalde emitió dos decretos, en junio y julio de 2004, en los que exigía a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas, que fue la que realizó el plan parcial en 1995, a aportar esa finca al municipio, restituyendo el terreno que faltaba -3.969 metros cuadrados- o que entregara al Ayuntamiento los 2.105.000 euros de su valor equivalente como indemnización. Sin embargo, tal y como explica la sentencia, Medina, después de dictar ambos decretos no hizo nada más. Eso pese a que en la última de sus resoluciones anunciaba el inicio de medidas judiciales para el caso de que la promotora no respondiera.
"El alcalde Orihuela, siendo plenamente consciente de lo injusto y arbitrario de su pasividad, no sólo no adoptó alguna medida tendente a la ejecución de acciones en los tribunales sino que, además, no realizó actividad alguna para restaurar el equilibrio patrimonial del municipio", dice el fallo. La pena por prevaricación se impone por "comisión por omisión" ya que lo que se sanciona es "la inactividad siempre que pueda ser equiparada con una acción" -la de seguir adelante con el decreto.
Olvido
El promotor presentó alegaciones frente a los decretos pero el Ayuntamiento ni tan siquiera respondió. La jueza Nerea Cavero Sedano desmonta la defensa de Medina en el sentido de que solo el pleno podía haber decidido emprender acciones judiciales recordando que es el alcalde el que tiene la responsabilidad de convocarlo en un Ayuntamiento y "ni siquiera (lo hizo) para discutir esta cuestión, ni pidió informe escrito sobre la posibilidad del ejercicio de acciones judiciales, ni instó la contestación de las alegaciones realizadas por la urbanizadora, ni pidió asesoramiento sobre el tema". Además subraya que Medina procedió casi de forma inmediata a rebajar el precio de adjudicación al promotor que se hizo con la subasta -de 13,6 a 11,4 millones- "pero incurre en la más absoluta pasividad para recuperar el perjuicio patrimonial al Ayuntamiento", añade. Medina, quien está apartado de la vida pública desde 2007, se defendió también explicando que no se podía actuar contra el reparto del plan de reparcelación de 1995 al no ser anulable por el tiempo transcurrido -ocho años-. Algo que refrendaron en apoyo del exalcalde en la vista oral como testigos la entonces concejal de Urbanismo y eurodiputada Eva Ortiz, la jefa de Urbanismo, el arquitecto o el anterior secretario municipal, entre otros-. Pero la jueza aclara que esa -la anulabilidad del plan- era una cuestión que debió dilucidar "un tribunal especializado". El sentencia, que será recurrida, dice que esos testigos declararon que no se habían encontrado con un expediente del mismo montante económico "sin que llegue a entenderse cómo "tan importante" quedase en el olvido".
Quince causas con doce archivos
La causa por la que ha sido condenado Medina es una de las 15 que abrió el fiscal Anticorrupción Felipe Briones en 2006 en el denominado caso Orihuela que investigaba irregularidades contables y urbanísticas en la gestión municipal. De ellas 12 han sido archivadas y quedan vivas el pago a Necso y el estrechamiento de viales para hacer casas en Orihuela Costa. El paso por la Alcaldía de Orihuela no es fácil para sus primeros ediles. El antecesor de Medina fue condenado por el caso del robo a las monjitas y su sucesora está imputada en la trama de Brugal y por la adjudicación de una obra después de haber sido inaugurada.
