Ni recurrir a la recientemente fallecida Margaret Thatcher le valió al alcalde de Albatera, el popular Federico Berná, para convencer a sus compañeros de partido de que votaran contra la instalación del vertedero del Plan Zonal XVII -el de la Vega Baja- en su término municipal. "Soy más de convicciones que de consensos y defiendo desde lo más profundo de mis convicciones que no se siga adelante con este punto del orden del día y no lo hago porque me vayan a votar más o no".

El pleno del consorcio de residuos votó ayer a favor de la propuesta de la comisión de gobierno de acatar la sentencia dictada por el juzgado número 3 de Alicante que, tras admitir el recurso de la Asociación de Vecinos de Torremendo contra la instalación del vertedero en esta partida oriolana, adjudica el contrato a la UTE Cespa-Ortiz, que en su "solución base" ubica la infraestructura en Albatera. El 74% de los representantes del consorcio (156 votos) fueron a favor, 39 en contra y hubo 15 abstenciones. Y curiosamente no acudió ningún representante de Algorfa, Bigastro, Cox (donde se ubicaría la planta de transferencia) ni Granja de Rocamora, todos ellos gobernados por el PP, mientras que el de Daya Vieja abandonó el pleno antes de la votación.

Las posturas estaban enfrentadas entre la mayoría de los populares que optaron por acatar la sentencia "para evitar males mayores", el mayor de todos tener que indemnizar a Cespa-Ortiz por daños y perjuicios, la opción de Berná, a la que se sumaron Callosa de Segura y Benijófar (PP), que no se opone a acatar la sentencia pero quiere otras alternativas y la de los socialistas. Berná argumentó que hay un informe de la comisión técnica del consorcio contrario a esta ubicación, que ya existen tecnologías que podrían evitar la instalación y sobre todo, que no se sabe cuánto les costará a los vecinos el tratamiento de los residuos, que sus cálculos cifran en 80 euros por tonelada. El PSOE quiere que se paralice el proceso hasta que no se resuelva el caso Brugal, en el que entre otros está imputado el empresario Enrique Ortiz precisamente por el supuesto amaño del concurso de la basura.

Aquí los alcaldes del PSOE de la Vega Baja coinciden con la petición de la plataforma No al vertedero de Albatera cuyos miembros se manifestaron ayer junto a vecinos de esta localidad y Crevillent a las puertas de la Diputación Provincial desde las 10 de la mañana. Más de 300 personas llegadas en seis autobuses protestaron con pitos, mascarillas y pancartas contra la instalación del verderto que creen perjudicará al medio ambiente y a la salud al estar las conducciones del Taibilla "justo debajo de donde se pretende ubicar, vamos una barbaridad", explicaba el presidente de la plataforma, José Antonio Juan. Al grito de "Diputación, corrupción", "Luisa escucha Albatera está en la lucha" o "Aquí huele mal y no es la basura" mostraron su enfado aunque sabían de antemano que seguramente el pleno votaría a favor. No obstante, ahora estudiarán todas las vías legales y administrativas para tratar de parar la construcción. A ellos se unieron concejalas socialistas de Albatera, entre ellas su portavoz, Araceli Martínez, para quien la postura del alcalde "es sólo de cara a la galería" y adelantó que van a "luchar para que haya una sentencia que tumbe la aprobada". Esta fue precisamente una de las cuestiones de fondo en el pleno, la defensa de que sólo otra sentencia puede anular o modificar la que adjudica la gestión de residuos a Cespa-Ortiz.Para el alcalde de Rafal, Manuel Pineda (PSOE) el punto que se sometía a votación era "una trampa" y abogaba por separar el hecho de acatar la sentencia de anular la adjudicación. Además, amenazó con que los alcaldes socialistas de la comarca elevarán a pleno mociones para abandonar el consorcio si finalmente la adjudicación salía adelante. "Estamos hablando de Brugal, el mayor caso de corrupción de la provincia de Alicante", recordó.

La propuesta presentada por la presidenta del Consorcio, Luisa Pastor, avalada por los informes de la Secretaria del Consorcio, así como por los Servicios Jurídicos de Diputación, contempla también la aprobación del proyecto de gestión con la necesidad de actualizar o adaptar sus determinaciones como consecuencia del tiempo transcurrido desde la presentación de la oferta.

La adjudicataria aún no cuenta con la autorización de impacto ambiental, que de no ser favorable paralizaría la construcción del vertedero. El director general de Calidad Ambiental, aseguró que si finalmente se otorga "Albatera puede estar tranquila porque se va a cumplir la ley".