Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Orihuela han tasado en algo más de 2,7 millones de euros los 2.700 metros cuadrados de suelo público que está utilizando el colegio religioso Santo Domingo como instalaciones deportivas con base a un convenio firmado en el año 1999 y por el cual el entonces alcalde, José Manuel Medina (PP), los cedió a cambio de que sobre ellos se construyeran instalaciones de la Universidad de Alicante para una extensión en la cual impartir cursos o seminarios. La semana pasada tuvo lugar una reunión entre la edil de Planificación, Antonia Moreno (PSOE), y el director de la institución educativa, José María Fernández-Corredor, en el cual se le expuso sin tapujos que hay dos soluciones: pagar o devolver este suelo sobre el cual se puede construir medio centenar de viviendas porque tiene la consideración de solar.

El Ayuntamiento de Orihuela pagó más de 800.000 euros por adquirir esa zona, justamente, donde estaba instalada la discoteca Momentos. José Manuel Medina, a continuación, decidió la cesión a la Diócesis para crear la citada extensión universitaria. Según el equipo de gobierno, el convenio caducaba al cabo de cinco años; es decir, se firmó en 1999 y desde 2004 el Ayuntamiento tiene la potestad de solicitar la reversión del suelo habida cuenta del incumplimiento del mismo. La realidad es que lejos de ser un solar tal y como lo recibió, el colegio Santo Domingo integró la finca dentro de sus instalaciones y ahora forman parte de él al punto de que sobre el mismo se levanta un campo de fútbol. En julio pasado, Antonia Moreno sacó a la luz por primera vez este asunto y dio un plazo de tres meses a la Diócesis para que le contestara. El hecho de que en esos momentos se estuviese pendiente del cambio de obispo ha ido dilatando la solución; de hecho, desde el pasado otoño el colegio Santo Domingo, el Obispado y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) vienen manteniendo conversaciones para la implantación de estudios en la ciudad; probablemente, en algún convento vacío.

Como ya publicó INFORMACIÓN, la institución académica murciana comenzó este curso fijando ampliaciones en la provincia -Torrevieja y San Juan- y, por lo visto, tiene previsto crecer también por Orihuela habida cuenta del visto bueno con el que cuenta desde la Diócesis, lo que es decisivo al tratarse de una Universidad católica que fija su desarrollo gracias a los derechos que tiene por el convenio entre el Estado Español y la Santa Sede.

Informe sobre el IBI que le toca a la Iglesia

El diario confirmó ayer que la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Orihuela tiene ya en su poder un informe detallado de los bienes que el Obispado tiene en el municipio y que son susceptibles de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), algo que hace algunos meses el entonces responsable municipal de cuentas, Juan Ignacio López-Bas, cifraba en más de 70.000 euros al año que podrían reclamarse, aunque nunca dio el último paso amparándose que no se conocía a ciencia cierta la relación de las propiedades.

Precisamente, el saber cuántos bienes tiene el Obispado en Orihuela no ha sido una tarea fácil porque ha sido preciso solicitar información al catastro ante la diversidad de bienes inmuebles que se reparten por todo el municipio: desde parroquias a tierras pasando por colegios, solares, pisos, capillas, ermitas o conventos.

Además, según fuentes municipales, de algunos de ellos ni tan siquiera existía una constancia registral. Sería el caso, por ejemplo, del Cementerio de Orihuela o del Seminario de San Miguel. Como se conoce, el municipio carece de un camposanto público (nunca ha pretendido tampoco cumplir la legislación en esta materia) y todos los enterramientos se tienen que hacer en el que es propiedad del Obispado.

En Orihuela hay más de 60 propiedades de la Iglesia católica, valoradas en unos 9 millones de euros, que serían susceptibles de pagar este impuesto, lo que supondría el ingreso antes detallado. La solución final a este asunto está ahora en manos del edil de Hacienda, Manuel Gallud.