El juzgado de Instrucción 1 de Orihuela ha abierto una investigación para esclarecer supuestas irregularidades en la adjudicación en 2011 y por el entonces concejal de Contratación, David Costa (PP), de la redacción del proyecto para las obras de la primera fase de la Ciudad Deportiva de Orihuela, que se iba a financiar con cargos al Plan Confianza de la Generalitat Valenciana sobre un suelo que después se ha sabido que no era urbanizable. El magistrado lo que va a investigar es cómo se pudo adjudicar y pagar parte del proyecto mucho antes de que estuviera toda la documentación en regla -entre ella, los informes de la Confederación Hidrográfica del Segura o de la Conselleria de Territorio- y, máxime, porque algunos de los informes que se solicitaron o se obtuvieron más tarde eran contrarios a construir sobre ese suelo la instalación deportiva.
La denuncia que da origen a estas diligencias fue presentada en noviembre de 2012 ante la Fiscalía de la Audiencia por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Orihuela, Antonia Moreno, con base en los documentos que se encontró al llegar a la Concejalía de Planificación, en el verano de 2011. De hecho, Moreno renunció a su ejecución al poco de llegar al considerar que el suelo no se ajustaba a la legalidad y pidió a la Conselleria de Hacienda permiso para desviar parte de los 3 millones de euros que la Generalitat Valenciana iba a destinar a esta iniciativa del PP de la anterior legislatura -que incluía un estadio de fútbol para 15.000 personas- a la ampliación del Ayuntamiento de Orihuela (1,9 millones de euros).
El Ministerio Público sólo tiene obligación de dar traslado al juzgado de Instrucción de aquellas denuncias que se registran ante él que presentan suficientes indicios de un delito por lo que el envío al juzgado de la misma y de la documentación e informes que acompañó Antonia Moreno han sido para el fiscal motivos más que suficientes para investigar por lo que no cabe un archivo. De hecho, los documentos aportados se van a cotejar con los originales que obran en el Ayuntamiento y eso es lo que le pidió a final de enero el titular del juzgado al alcalde: una copia testimoniada no sólo de aquel expediente de contratación sino de los de adjudicación y de la modificación del proyecto de plan especial de reserva de suelo para la Ciudad Deportiva. El juzgado también ha pedido que el secretario municipal certifique que David Costa era en esa fecha el responsable de Contratación y, consecuentemente, la persona que tendría que ira a declarar por estos hechos si el magistrado considera que debe seguir adelante con la causa. En ese caso y por obvias razones tendría que hacerlo en calidad de imputado. El diario constató ayer que el Ayuntamiento de Orihuela, a través del secretario, Virgilio Estremera, ya ha cumplido el mandato judicial. Ahora sólo queda esperar.
Urbanismo
La denuncia de la portavoz del equipo de gobierno se fundamenta exclusivamente en la documentación que se encontró en Urbanismo. De este modo se detalla que el edil David Costa publicó el 11 de febrero de 2010 el pliego para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la Ciudad Deportiva por un importe de 96.280 euros al que se invitó a tres empresas y que se adjudicó IPM Inpromon. El 16 de abril, la arquitecta municipal, Elisa Montoro, emitió un informe sobre esos terrenos en los que detallaba que era "suelo no urbanizable". El 20 de julio, el concejal del PP, a pesar de dicha calificación del suelo, declaró válida la licitación que fue definitiva el 17 de agosto. Cinco meses más tarde, con el trabajo hecho, la empresa cobró 94.400.
No sólo existe un documento técnico municipal contrario al proyecto, sino que en mayo de 2011 la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) emitió un informe en el que reiteraba otro anterior, del 14 de julio de 2010 (seis días antes de la adjudicación), que se había hecho llegar ante la Dirección Territorial de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo de la Generalitat en la que se advertía de que los terrenos presentaban una alta probabilidad de inundabilidad -nivel 6- por lo que "la ordenación debía atenerse a las limitaciones en el Patricova establecidas para dicho riesgo". El Patricova, o Plan de Acción Territorial, es un documento básico para decir qué suelo es susceptible de construirse según su inundabilidad.
Informe
Moreno incide en su denuncia en cuestiones tan básicas como que el proyecto se había pagado sin que previamente se hubiera cuantificado a la CHS cuál iba a ser la demanda de agua necesaria para el mismo (obteniendo su plácet) o que el edil popular pidió al departamento de Urbanismo el "preceptivo informe jurídico, relativo a la viabilidad urbanística de la citada obra", en mayo de 2011, cuando el proyecto estaba pagado y se había aprobado en pleno el Plan Especial para la reserva de suelo dotaciones (concretamente, el 27 de febrero de 2010 y después modificado el 30 de noviembre de ese año).
Además, tras las elecciones municipales de 2011 y cuatro días antes de que Monserrate Guillén (Los Verdes) fuese votado como nuevo alcalde de Orihuela, el aún concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá (PP), aseguró en un informe que la aprobación del Plan Especial que afectaba a los terrenos estaba aún pendiente de aprobarse por lo cuál era imposible continuar con la tramitación. A pesar de ello, dos días más tarde, el 9 de junio de 2011, Costa firmó un segundo contrato con Inpromon SL, éste de 63.720 euros, para la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud. Éste nunca se ha pagado.
