Todo un pueblo en contra de que la basura procedente de los 27 municipios de la comarca acabe en su preciada sierra. Los vecinos de Albatera temen que el Consorcio Provincial de Residuos de la Zona XVII -el o?rgano que agrupa a los municipios de la Vega Baja- decida instalar la planta de tratamiento y eliminación de residuos en su término municipal. El miedo a las molestias por el trasiego de camiones, a los malos olores o a la afección al medio ambiente y los cultivos copan las conversaciones de los residentes, que vaticinan protestas y exigen que se paralice un proceso de adjudicación inmerso en la investigación judicial del denominado caso Brugal.
Tanto el regidor de Albatera, Federico Berná (PP), como los portavoces de las otras dos formaciones de la corporación municipal (PSOE y Coalición Valenciana), han mostrado su negativa a que el macrovertedero se instale en su territorio, hasta donde llegarían cerca de 500 toneladas de basuras diarias. Pero las informaciones conocidas durante los últimos días, que apuntan a que la comisio?n te?cnica encargada de evaluar la adjudicacio?n de la construccio?n del macrovertedero ha emitido un dictamen provisional favorable a la continuidad del proceso, allanan el camino hacia la instalación de la planta en la sierra.
Proceso judicial
Fue en enero de 2008 cuando el Consorcio de residuos decidió que la UTE formada por Cespa-Ortiz debía abordar el vertedero en una finca próxima a la pedanía oriolana de Torremendo. Los residentes de la zona llevaron entonces el asunto al juzgado Contencioso Administrativo de Elche, argumentando que el Consorcio, encabezado por el entonces presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, rechazó sus alegaciones en las que se oponían al emplazamiento en Torremendo de forma arbitraria. El juzgado resolvió que la planta debía de construirse en Albatera. El Ayuntamiento de la localidad recurrió entonces al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), pero éste órgano desestimó su recurso. La última baza del regidor ha sido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.
Los alcaldes socialistas de la Vega Baja también se han mostrado en contra de que las basuras lleguen hasta la sierra albaterense mientras no se resuelvan los procedimientos penales derivados del Brugal, que investiga si el proceso de adjudicación de la contrata para gestionar los residuos estuvo amañado. Éstos han pedido incluso que se suspenda el proceso, pero fuentes de Diputación cifran en 20 millones de euros la indemnización que se tendría que pagar a Cespa y Ortiz en concepto de lucro cesante.
Errores
El regidor de Albatera también cree que el proceso de adjudicación no fue correcto. Asegura que la UTE Cespa y Ortiz no dispone de todos los terrenos que dijo que tenía dado que uno de ellos es de propiedad municipal. Alerta además de que no cuenta con las autorizaciones medioambientales necesarias y señala que el informe de impacto medioambiental adjuntado se falseó, dado que se presentó el mismo documento para respaldar hasta tres ubicaciones distintas donde construir la planta. Los técnicos "no advirtieron este extremo que podríamos calificar de fraudulento" y baremaron "el mismo contenido en las distintas propuestas con diferentes puntuaciones", trasladó el primer edil.
Así las cosas, el dictamen final sobre dónde se instalará el polémico vertedero es una decisión política que depende en última instancia del Consorcio, formado en un 25% por la Generalitat, otro 25% por la Diputación y el resto por representantes de cada municipio de la Vega Baja.
Movilización para evitar la infraestructura
El presidente de la asociación vecinal "Albatera sin basuras", Ramón Serna, ha enviado un comunicado a los medios de comunicación para trasladar que la actividad de la plataforma ciudadana que se opone a la instalación del macrovertedero en el término municipal continúa en marcha y que "si el Consorcio se atreve a adjudicar el contrato a la propuesta base ubicada en Albatera realizaremos las movilizaciones sociales así como las manifestaciones necesarias para impedir que esta instalación acabe en el municipio".
Serna recuerda que el colectivo se personó en la causa y ha mantenido contactos con la plataforma Vertivega de Orihuela (que lucha contra los vertidos ilegales de basura supuestamente efectuados por la mercantil Proambiente en La Murada), y que además se han mantenido numerosas reuniones con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albatera, quienes han mostrado "su incondicional apoyo en la lucha sin matices para que ese vertedero comarcal no se ubique en nuestro término".
En esta línea, el presidente del colectivo ciudadano expresó que hasta el momento no se han iniciado acciones de protesta más contundentes porque todavía no se ha adjudicado de forma definitiva la ubicación de la planta en Albatera, pero advirtió de que si esa opción se convierte en una realidad intensificarán unas acciones que cuentan con el apoyo de todos los grupos que conforman la corporación municipal. m. a. r.
