Luisa Pastor lo tiene claro: la planta de tratamiento de residuos de la Vega Baja se tiene que construir sí o sí en el término municipal de Albatera. Y la ha de levantar la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Cespa-Ortiz. La presidenta de la Diputación abogó ayer por acatar la sentencia que obliga a ubicar la planta en esa localidad y evitar así el pago de posibles indemnizaciones millonarias. Pese a que los alcaldes socialistas de la comarca han asegurado que romper el contrato con Enrique Ortiz no conllevaría ningún tipo de perjuicio, Luisa Pastor opina todo lo contrario. "Les recuerdo (a los primeros ediles del PSOE) que la adjudicación está aprobada. Y si no se hace (la planta de basuras), todo indica que habrá consecuencias", sentenció ayer la presidenta, a preguntas de los periodistas, nada más concluir el pleno de la Diputación.
Este diario, de hecho, ya ha adelantado la cantidad que tendría que afrontar el Consorcio Provincial de Residuos de la Zona XVII, el de la Vega Baja, en caso de ignorar el fallo judicial. Enrique Ortiz y Cespa se asegurarían una indemnización que podría rondar los 20 millones de euros, de acuerdo con los datos facilitados por fuentes próximas al proceso. Habría que compensar a la UTE de acuerdo al concepto de lucro cesante. O, lo que es lo mismo, por la pérdida de las ganancias legítimas que asumirían las dos empresas. Tanto Cespa, como Ortiz. El PSOE, no obstante, considera que bloquear el procedimiento no conllevaría ningún tipo de perjuicio. Los socialistas aducen que el contrato no está firmado y que existe una serie de aspectos que ponen en entredicho que continúe el proceso. Por ejemplo, la ausencia de un estudio de impacto ambiental, según denuncian.
Ahora bien, la Diputación no quiere pillarse los dedos. De ninguna manera. Tanto es así, que la propia presidenta de la institución quiso lanzar ayer un aviso a navegantes. "La Diputación es la coordinadora de los municipios consorciados. Y son los consorcios los que toman las decisiones, no la Diputación. Si él (el de la Zona XVII) toma la decisión de hacer algo en contra de la sentencia, el Consorcio asumirá las consecuencias. La responsabilidad recae sobre él", prosiguió Pastor.
Para curarse en salud, la presidenta tiene claro qué hacer. "No voy a separarme ni un milímetro de la sentencia judicial", añadió. Pastor, no obstante, tendió la mano a los alcaldes socialistas de la Vega Baja y les emplazó a mantener un nuevo encuentro en los próximos días. "Si tienen documentación que justifique su postura, que la traigan y la estudiarán los servicios jurídicos", continuó.
Comisión técnica
El proceso vivirá un nuevo capítulo este próximo martes. Ese día se reunirá una comisión técnica del Consorcio Provincial de Residuos de la Zona XVII y valorará el fallo judicial que ordena construir la planta en el término municipal de Albatera y no en Torremendo, como se contempló en un principio. "En la comisión se cogerá el auto y se aplicará, entiendo yo", concluyó la presidenta de la Diputación.
La documentación, en
el Palacio Provincial
La Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz, la encargada de construir el futuro vertedero en Albatera, ya ha trasladado toda la documentación necesaria a la Diputación. A finales del pasado diciembre, las dos firmas remitieron al Palacio Provincial los papeles que justifican que ambas son propietarias de los terrenos necesarios para levantar la planta de tratamiento de residuos. De esta forma, pusieron fin a aquellas voces que negaban que tuvieran la titularidad del suelo. Una vez superado ese trámite, queda en manos del Consorcio Provincial de Residuos de la Zona XVII tomar una decisión. O bien acatar la sentencia judicial y dar vía libre a la construcción de la planta, o bien rebelarse y romper el contrato con la UTE. A. F.
