Con poco margen de maniobra. La suspensión del proceso de adjudicación de las obras del macrovertedero de la Vega Baja a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Cespa-Ortiz acarrearía un desembolso para los municipios que integran el Consorcio Provincial de Residuos de la Zona XVII -un total de 27- de alrededor de 20 millones de euros en concepto de indemnizaciones. Una realidad que ha puesto a la Diputación en una posición compleja dadas las presiones vertidas por los alcaldes del PSOE para que se "anule" una adjudicación que consideran "viciada" y bajo la sombra de la operación Brugal.
Un eventual bloqueo de la institución provincial a la creación de esta planta en Albatera por parte de la actual adjudicataria obligaría, según fuentes institucionales, a tener que compensar a la UTE de acuerdo al concepto de lucro cesante; es decir, por la pérdida de ganancias legítimas que la misma dejaría de percibir. Una situación que dispararía los pagos a esos cerca de 20 millones de euros ya que, según las fuentes consultadas, la empresa contaba con una concesión de explotación de dos décadas con una estimación de rendimiento neto de cerca de 1 millón de euros anuales.
En este escenario, los alcaldes socialistas de diferentes municipios de la Vega Baja mantuvieron ayer una reunión de "urgencia" con la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, para insistir en la necesidad de paralizar este proceso, que calificaron de "perjudicial para los intereses de los propios ciudadanos de la zona".
Con este argumento, el alcalde de Rafal, Manuel Pineda, insistió en que el Consorcio de Residuos -con mayoría del PP- "es soberano" para decretar la anulación de esta adjudicación que, "al no haberse firmado todavía el contrato pertinente, no conllevaría el pago de indemnizaciones". Un argumento que desde la institución provincial, por contra, califican de "erróneo" de acuerdo a las obligaciones generadas durante el propio procedimiento, que avanzó aún más hace unas semanas con la presentación por parte de Cespa-Ortiz de la documentación requerida para seguir adelante con la ejecución de la planta.
"Perjuicio para los ciudadanos"
Junto a este argumento, los regidores socialistas insisten, además, en la existencia de diferentes puntos que pondrían en entredicho la continuidad de este proceso de adjudicación como la ausencia de un "estudio de impacto ambiental o la necesidad de contar con una estación de transferencia de residuos, al haber municipios que se encuentran a más de 30 minutos de la ubicación del vertedero" como establece la normativa autonómica. Pineda subrayó, de igual manera, que este último hecho "desvirtuaría los términos económicos por los que se adjudicó el contrato a Cespa-Ortiz -con una oferta de 81 céntimos de euro por tonelada- que harían que su oferta no fuera la mejor puntuada, ya que no contemplaba ningún tipo de planta de transferencia".
Bajo estas pautas, el PSOE planteó ayer la posibilidad de presentar un recurso para intentar bloquear la formalización del contrato de construcción de esta planta, "inmersa en un proceso que huele mal desde el principio y que requiere que se comience de nuevo de manera transparente", explicó el alcalde de San Isidro, Fernando Morales, en alusión al caso Brugal, que centra una de sus principales ramas de investigación precisamente en el proceso de adjudicación supuestamente fraudulento a Ortiz de este concurso multimillonario. Con estas posiciones más que encontradas, Luisa Pastor emplazó ayer a los socialistas a aportar un informe que certifique, "con argumentos legales", las afirmaciones del grupo en las que asegura que "no se está en la obligación de indemnizar a la UTE". Asimismo, está previsto que la próxima semana se reúna la comisión técnica para abordar la evaluación del procedimiento, previa a la reunión del Consorcio de Residuos de la Vega Baja del que todavía no hay una fecha cerrada para su celebración.
El procedimiento de adjudicación se remonta a comienzos de 2007 y su recorrido no ha estado exento de sobresaltos, con tropiezos como la apertura de la causa judicial del Brugal, en el que se vio salpicado el expresidente de la Diputación Joaquín Ripoll, o las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad decretando que la planta debería ubicarse en Albatera y no en Torremendo (Orihuela) -como se planteó en un primer momento-. Una resolución que ha desatado las críticas vecinales y que ha obligado al primer edil albaterense a llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.
