El Tribunal Supremo ha validado definitivamente la urbanización de El Raso (ZO-4) promovida por la Urbanizadora Villamartín junto al Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata al desestimar el recurso de casación presentado por la Generalitat ante una sentencia anterior en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que también validaba la actuación de la promotora oriolana. El fallo dice que la empresa tramitó y vio aprobado su proyecto, con la condición de urbanizable de los terrenos otorgada por la Comisión Territorial de Urbanismo en 1995, un lustro antes de que la Generalitat actuara para impedir la urbanización de la zona más cercana al espacio protegido con una medidas cautelares, decretadas en junio de 2000. Esas resoluciones afectaban a todo el perímetro de los tres humedales del sur de Alicante, no sólo a esta zona y prohibían aprobar cualquier tipo de planeamiento urbanístico en una franja de 500 metros desde la valla límite del espacio natural hasta que no se aprobaran los planes de uso y gestión. Esa ordenación de las zonas periféricas fu decretada por el Consell en 2003. Y ese el principal fundamento del Tribunal Supremo para tumbar el recurso porque esa misma sala fue la que anuló la ordenación de zonas periféricas en junio de 2009. El Supremo entendía que la administración autonómica debió aprobar esa regulación por ley y no con un decreto.

El Supremo asegura en la sentencia que el otro argumento de la Generalitat para recurrir en casación la urbanización es sobrevenido: alega que el plan no fue sometido a información pública, algo que no fue recurrido por la Generalitat en el momento de su tramitación. De hecho se da la paradoja que fueron organismos de la administración valenciana los que validaron definitivamente el proyecto antes del año 2000 para luego intentar bloquearlo.

Villamartín ha construido más de mil viviendas en El Raso sobre 1,2 millones de metros cuadrados. Entre sus alegaciones se dice que la mitad del terreno de ese proyecto está sujeto a las disposiciones del impacto ambiental que establecían una franja de cien metros sin edificar desde la valla del parque, otra posterior de otros cien destinada a zona verde y una última de 200 en las que se podía edificar vivienda "aislada". La mercantil da cuenta de los más de 6 millones de euros que ha ingresado el Ayuntamiento en concepto de los aprovechamientos que le corresponden.

Territorio pide a la UE ampliar el plazo para informar de Cala Mosca

La Conselleria de Territorio solicitó el pasado mes de noviembre a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE) una ampliación de seis meses del plazo que le concedió para informarle sobre la tramitación del proyecto urbanístico de Cala Mosca, en Orihuela, que prevé la construcción de 1.700 viviendas en el último rincón del litoral. Dicho plazo finalizó ese mes y la Generalitat, asegura, no ha tenido tiempo para resolver el proceso de evaluación ambiental del proyecto. Lo que sí adelantan los técnicos es que la urbanizadora debe elaborar un proyecto de estudio del impacto ambiental, lo que fundamenta en una norma que se aprobó en 2008, un año después de autorizarse el proyecto. La adjudicataria ya ha presentado más documentos al proyecto y tras analizados por la Conselleria se asegura que la promotora modificaría aprovechamientos urbanísticos para evitar afectar a plantas y especies protegidas.