La magistrada Juana López, titular del juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja, considera que el concejal de Urbanismo, Francisco Moreno (PP), podría ser el responsable de un delito de prevaricación al conceder en 2010 una licencia de obras, supuestamente irregular, a la planta de transferencia de residuos del servicio de recogida de basura municipal que realiza Acciona. El documento judicial al que ha tenido acceso INFORMACIÓN da por cerrada la fase de diligencias previas con las declaraciones de la secretaria municipal, de tres funcionarios del área de Urbanismo y del jefe de este departamento, además de la documentación recabada, y dice que la investigación se desprende que los hechos pudieran constituir un delito de prevaricación del que sería responsable el edil, que ya declaró como imputado el 2 de mayo.

La jueza, lo que ha hecho, es cerrar la fase inicial del proceso, considerar que existe una supuesta causa penal en la que señala a un responsable y pasar de nuevo el proceso a las partes -acusaciones y defensa- para que realicen escritos de acusación o de sobreseimiento; es decir, que pidan si Moreno tiene que ser juzgado o no, algo que, finalmente, decidirá ella.

La causa se abrió por una denuncia del PSOE de Torrevieja a finales de 2011 ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante en un procedimiento en el que está personado como acusación.

Juana López, quien es decana de Torrevieja, explica en su resolución que de la investigación se deduce que en noviembre de 2011el pleno abordó a petición del grupo municipal socialista la fiscalización de la licencia de obras concedida a esa instalación en 2005. Entre la documentación que el equipo de gobierno del PP aportó para su debate figura un decreto firmado por el edil del 12 de octubre de 2010 por el que se dio licencia de obras a Acciona para la planta de transferencia, que la concesionaria tenía solicitada un lustro antes, desde 2005.

"Dicha licencia -dice el auto judicial- fue concedida en contra de los informes emitidos por los técnicos municipales (hasta 7 emitidos por cuatro funcionarios) al no constar todavía la declaración de impacto ambiental" gracias a un informe externo elaborado por una abogada urbanista y sin que el expediente abierto en la Conselleria de Urbanismo en relación con la necesidad de la declaración de impacto ambiental hubiese concluido ni entonces ni ahora.

El jefe de Urbanismo, Santiago Romero, reconoció en su comparecencia como testigo que la planta había funcionado sin licencia durante 7 años y que el concejal de Urbanismo estaba sujeto a presiones políticas y de otro tipo a la hora de conceder la licencia, además de aludir a que el edil le dijo que esperaba que el informe externo "fuera favorable". Moreno, por su parte, dijo en su declaración que los decretos los firmaba él pero en función de los informes elaborados por los técnicos. Fue el propio edil el que aseguró que el de la abogada urbanista externa lo incorporó la mercantil Acciona y aseguró que la Conselleria de Medio Ambiente había archivado un expediente sancionador contra la planta. El argumento de la Generalitat para resolverlo fue precisamente que estaba en marcha el proceso para otorgar la licencia.

Clausura tras la denuncia

Moreno ordenó en marzo pasado la clausura de las instalaciones de la planta de transferencia. Algo que coincidió con la apertura de las diligencias judiciales tras la denuncia socialista. Denuncia que también precipitó una visita de la Policía Local de Torrevieja en la que se certificaba que la planta estaba abierta -hasta ese momento la documentación municipal se refería al recinto en funcionamiento desde 2005 sobre 20.000 m2 rústicos como si fuera un proyecto sin ejecutar-. El argumento para el cierre fue que la licencia firmada por Moreno en 2010 había caducado sin que Acciona comenzara las obras.

La planta de transferencia de basura se ubicó junto a la carretera de La Marquesa pese a que la oferta de la contrata no los contemplaba. El suelo está a escasos metros de la valla que delimita el parque natural de Las Lagunas. Las instalaciones se usaban como taller, vestuario y depósito temporal de hasta 80 toneladas de basuras que se recogen a diario. Acciona ha tenido que adaptarse al cierre alquilando talleres y vestuarios en el casco urbano y enviando la basura directamente al vertedero de Abanilla-La Murada, en un proceso que encarece en 75.000 euros mensuales la factura y que, tarde o temprano, podrían tener que costear las arcas municipales.