01 de noviembre de 2012
01.11.2012

La defensa responsabiliza a la oficial mayor y al aparejador fallecido de la tramitación irregular

El letrado solicita la absolución y, en caso contrario, que se aplique un atenuante por dilación indebida del proceso

01.11.2012 | 01:00

La defensa de Hernández Mateo negó que fuera el responsable de ordenar incluir la consulta a tres empresas en la documentación, aunque sí admitió que el juicio ha probado que, efectivamente, esa invitación no llegó a dos de las tres despachos. A continuación atribuyó a la oficial mayor del Ayuntamiento, que llegó a estar imputada en la causa y a un aparejador municipal, fallecido en 2010, como responsables del procedimiento. Sobre Pilar García, quien ha sido el testigo que con mayor contundencia responsabilizó a Hernández, aseguró que en su declaración en Torrevieja no relató anomalía alguna en el procedimiento y que cambió su versión de los hechos, diciendo que era el alcalde quien la había llamado por teléfono para incluir a las empresas -una versión de los hechos que el letrado Vicente Grima calificó de "bizarra" teniendo en cuenta como funciona un Ayuntamiento- y remitiendo un informe exculpatorio al tribunal, tras conocer, dijo el letrado, por un artículo de INFORMACIÓN de marzo pasado que estaba imputada. Imputación que se archivó después. La defensa reiteró que desde el principio a fin de la tramitación del contrato externo, ningún funcionario o edil ni las empresas descartadas lo impugnaron una prueba "manifiesta" de su legalidad y que el hecho de que no se invitara a dos de las tres empresas que indicaba el procedimiento no cambiaba en nada el resultado de la adjudicación, por lo que defendió que en términos jurídicos era una "falsedad inocua por irrelevante". Además de pedir la absolución de su representado solicitó que ante una posible condena se le aplique el atenuante por la dilación del procedimiento que estuvo tramitándose más de 4 años y aseguró que en cualquier caso una de las modalidades de falsedad de las que se le acusa como alternativa planteada por el fiscal ha prescrito. En este caso la defensa considera normal firmar actos sin leerlos si vienen de personal de confianza en la administración y, en este sentido, y como ejemplo puso el de la propia sesión judicial, cuya acta se firma por la partes sin ser leída porque se confía en su veracidad.

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