Los funcionarios que trabajaron mano a mano con el exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo (PP) durante casi dos décadas no lo están dejando bien parado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, al margen de si los magistrados deciden condenar o exculpar al acusado.
Ayer, en la tercera y penúltima sesión de la vista en que se juzga al que fue regidor durante un cuarto de siglo por el supuesto amaño de la contrata de basura en el año 2004, el arquitecto municipal Andrés Navarro apuntaló con su declaración la tesis que sostiene la Fiscalía sobre una supuesta falsificación documental al subrayar que el que fuera alcalde torrevejense aseveró en una mesa de contratación decisiva para decidir aquella contrata que había invitado a tres empresas externas a realizar un informe de asesoramiento para el Ayuntamiento.
La Fiscalía, quien también acusa a Hernández Mateo por dos delitos de prevaricación, mantiene que en realidad sólo se invitó a una, que estaba vinculada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que, finalmente, resultó la adjudicataria de aquel millonario contrato.
Adjudicar
El informe de estos asesores apostaba por adjudicar el contrato a Necso (ahora Acciona), lo que iba en contra de los seis estudios previos realizados por los funcionarios del Ayuntamiento. Pese a que el letrado del exalcalde insistió en su interrogatorio sobre esta cuestión, Andrés Navarro se mostró firme en todo momento en su declaración: "El alcalde comentó que había solicitado informes a tres despachos, pero que sólo uno se mostró interesado en contestar". Mientras tanto el acusado gesticulaba, negando con la cabeza, algo que ha repetido cada vez que los funcionarios le han señalado como responsable del procedimiento supuestamente irregular.
Hacienda
Otro de los que ayer prestó declaración fue el edil de Hacienda durante una década, Pascual Ortiz, quien negó esa versión indicando que en la mesa de contratación no se hizo comentario alguno sobre el número de ofertas. Se da la circunstancia de que Ortiz llegó ayer a declarar al Tribunal Superior de Justicia junto al exalcalde -momento que recoge la imagen- y acompañado de otro de los testigos del día, Eduardo Gil, edil del PP con Hernández Mateo y ahora con Eduardo Dolón.
Ambos testificaron que se enteraron de que iban a ser miembros de la segunda mesa de contratación de las basuras, la que adjudicaba el contrato multimillonario, horas antes de celebrarse y que desconocían el expediente. Gil Rebollo dijo que podía haberlo aprobado "con los ojos cerrados" conociendo que llevaba el visto bueno del aparejador Emilio Gómez. Algo que contradice el testimonio de otro edil, José Sánchez (en 2004 responsable de Contratación), quien señaló que se incluyeron por la vinculación de sus áreas en la materia y no para que la mesa tuviera más presencia de políticos.
El único testigo propuesto por la defensa de Hernández Mateo en el juicio, el exconcejal de Urbanismo Fernando Gómez, no compareció ayer ante el tribunal. Gómez era edil de Urbanismo en el momento de adjudicarse la contrata y es hijo del aparejador municipal fallecido en 2010 al que Hernández Mateo responsabilizó de la tramitación del informe de consultoría externa en su declaración del viernes.
Hoy, conclusiones y a esperar la sentencia
El fiscal se ratificó ayer en la petición de una condena por prevaricación y falsedad documental (3 años de cárcel y 11 de inhabilitación) al término de la testifical. Hoy tanto el acusador como el defensor darán lectura a sus conclusiones y el juicio quedará visto para sentencia. La única novedad es que el teniente-fiscal Gonzalo López Ebri añadió ayer una pena alternativa al delito de falsedad por imprudencia grave. Algo que evitaría al acusado la cárcel al reducirse la pena a 10 meses de multa (50 euros/día). El abogado de la acusación por Los Verdes, Ignacio Gally, se adhirió a la misma. La acusación entiende que el delito de falsificación fue continuado porque Hernández Mateo firmó cuatro documentos. Asimismo, la acusación particular renunció a solicitar una indemnización en caso de condena por los perjuicios ocasionados al municipio por la supuesta adjudicación fraudulenta. En concreto se pedía que reintegrase la diferencia entre la oferta más barata y la que finalmente se adjudicó. D. PAMIES
