El concejal de Torrevieja José Antonio Sánchez (PP), en 2004 responsable de Contratación, declaró por la tarde. El interrogatorio se centró en el informe externo que avaló contratar un servicio de casi 10 millones de euros anuales. Como edil de Contratación aseguró que "no entendía mucho" de la materia, que era ajeno al contenido más técnico de los expedientes, aunque sí tenía claro que quienes proponen a las empresas son los técnicos y no los políticos, eximiendo de responsabilidad a Hernández Mateo, quien firmaba la documentación. Sánchez, quien sigue en el equipo de gobierno, sí explicó que el responsable de instruir el famoso expediente fue Emilio Gómez Jover, aparejador fallecido en 2010 y al que calificó como un "extraordinario" conocedor de la materia en el servicio de recogida de basuras y otros servicios públicos municipales porque llevaba trabajando en el Ayuntamiento 40 años.
El edil abundó, siguiendo la argumentación de la defensa, que la decisión de pedir un informe externo se adoptó porque la secretaria y el citado aparejador se enfrentaron a la hora de resolver el contrato, prácticamente sin que el diputado tuviera intervención. La secretaria consideraba que debía quedar desierto y el aparejador indicó que debía adjudicarse a Necso (Acciona). También dijo que cuando los expedientes como éste llegaban a la junta de gobierno no se debatían en profundidad, porque eran voluminosos y que se limitaban a dar la conformidad en el acuerdo -el informe de Ariño y Asociados tiene 28 páginas y anexos-.
Alza
Además aclaró que el número de miembros políticos en la mesa de contratación de la primera reunión a la siguiente varió al alza porque el concejal de Hacienda, José Ortiz Roche, había expresado su voluntad de estar presente como edil que supervisaba las cuentas municipales, aunque la acusación de Los Verdes mantiene que se hizo para dar más peso a la postura de Hernández Mateo.
En este sentido la defensa incidió ayer que la incorporación de dos concejales a la mesa de contratación no rompió la paridad entre técnicos y políticos como mantiene la acusación, y aclaró que no sabía que se hablaba de tres empresas y que supo de Ariño y Asociados cuando le presentaron la resolución de la adjudicación de las basuras.
Los funcionarios ratifican sus informes en contra
El interventor accidental, Francisco Díez, el economista Vicente Ballester y el arquitecto Víctor Costa se ratificaron ayer en los informes en los que rechazaban adjudicar a Necso (Acciona). Díez se adhirió en su día a la propuesta de la secretaria de que quedara desierto porque las ofertas no presentaban terrenos compatibles para la planta de transferencia, el economista reiteró que la oferta de otras licitadoras era más ventajosa, mientras Costa validó su informe en el que se decía que dos empresas (una Necso) presentaron terrenos para levantar la planta en una zona protegida. Éste matizó que a petición del Ayuntamiento hizo una valoración hace unos meses del daño económico que podría tener la condena en este procedimiento y aclaró que no se podía valorar porque el pliego de condiciones, realizado en su día por Emilio Gómez Jover se hizo bajo criterios muy subjetivos y su informe de 2004 "era irrelevante" desde el punto de vista de la adjudicación porque puntuaba la inversión en los terrenos y no la compatibilidad urbanística de los suelos. D. PAMIES
