29 de octubre de 2012
29.10.2012
JUICIO EN EL TSJCV

"Hernández Mateo ordenó escribir que se consultó a tres bufetes para el contrato"

La oficial mayor del Ayuntamiento de Torrevieja asegura que el exalcalde se lo pidió expresamente

29.10.2012 | 17:17

La oficial mayor del Ayuntamiento de Torrevieja ha asegurado hoy que el exalcalde y diputado autonómico del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, le ordenó "expresamente" que hiciera constar por escrito que había consultado a tres bufetes en el proceso de adjudicación del contrato del servicio de basuras.

Así lo ha contado hoy ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que juzga a Hernández Mateo por prevaricación y falsedad documental en la citada adjudicación, supuestos delitos por los que se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión.

El titular de uno de los tres despachos presuntamente consultados, Santiago González Varas, ha dicho a la Sala que ni le consultaron ni hizo informe alguno, porque entre otros motivos no tenía despacho profesional en 2004, ya que ejercía como catedrático en la Universidad de Alicante.

A principios del citado año, antes las discrepancias de la mesa de contratación sobre las empresas aspirantes a este servicio, el alcalde decidió recurrir, por primera vez en la historia de este Ayuntamiento, al asesoramiento externo.

La ley de contratación pública exige que se recaben, al menos, los informes de tres empresas diferentes, pero según la Fiscalía el alcalde sólo contactó con una, el despacho "Ariño y Asociados", que además estaba vinculada a la UTE que consiguió el contrato, "Necso-La Generala".

El exalcalde declaró en la primera jornada del juicio que no tuvo ninguna relación con este proceso, que según mantiene fue tutelado por un aparejador municipal que falleció el pasado año, y asegura que firmó todos los decretos relacionados con el mismo sin apenas leerlos, como hace con el resto de asuntos, porque confía en el trabajo de sus funcionarios.

No obstante, en la sesión de hoy, la oficial mayor del Ayuntamiento, María Pilar García, que llegó a estar imputada en esta causa, ha asegurado que el entonces alcalde le "ordenó" incluir un párrafo en el decreto de adjudicación de la consultoría externa que precisara que había contactado con tres bufetes.

"'Pon que yo he consultado también a los otros dos despachos' -ha parafraseado García-. Me lo dijo expresamente por teléfono, no tengo por qué dudar de su palabra".

A la funcionaria le sorprendió tener que incluir esta información en un documento oficial que no obligaba a referir este punto.

También le sorprendió a la auxiliar administrativa que redactó el documento, quien ha ratificado que lo hizo por orden del alcalde y ha negado haber recibido indicación alguna del aparejador fallecido.

Estas dos testigos y una tercera, la secretaria del pleno del Ayuntamiento, recuerdan al alcalde como una persona "meticulosa" que rara vez firmaba los decretos sin leerlos, ya que incluso hacía correcciones en los mismos antes de rubricarlos.

Las tres han admitido además que esta adjudicación no fue un proceso "común", porque era la primera vez que se recurría al asesoramiento externo para un contrato público, que este caso preveía un gasto de casi cien millones de euros durante un periodo de diez años.

Además del catedrático Santiago González, a quien nadie ha hecho preguntas después de relatar que ni siquiera tenía despacho profesional, también ha declarado el representante de "Ariño y Asociados", José Luis Villar.

El letrado ha admitido que la UTE sobre la que informó favorablemente y quien finalmente resultó adjudicataria era "cliente" de su despacho, aunque sostiene que esto no le impedía hacer el estudio, porque los asuntos en los que le representaba no estaban relacionados con este proceso.

Villar, no obstante, ha negado haber recibido indicación alguna por parte del exalcalde para informar favorablemente sobre la oferta de "Necso-La Generala".

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