La secretaria municipal Pilar Vellisca y lo oficial mayor Pilar García declaran mañana en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat en la segunda jornada del juicio en el que se acusa al exalcalde Pedro Hernández Mateo de la contrata supuestamente irregular del servicio municipal de las basuras. En febrero de 2004, la secretaria informó en contra de la adjudicación y en un voto particular en la mesa de contratación dijo que el servicio debía quedar desierto -es decir, sin adjudicar- porque ninguna de las ofertas cumplía las exigencias del pliego, sobre todo en lo referente a la aportación de terrenos válidos para construir una planta de transferencia. La contrata suponía un desembolso municipal anual cercano a los diez millones de euros -ahora supera los 13-.

Por su parte, Pilar García, que llegó a estar imputada en este procedimiento al ser responsabilizada por el exalcalde de la tramitación del expediente como jefa del área de Contratación, también acude a declarar mañana. El juez que instruyó la causa archivó su imputación porque considera que la funcionaria no tenía capacidad de decisión y de propuesta y que no intervino en los hechos denunciados.

Además de estas dos funcionarias de máximo rango municipales acuden al TSJCV en Valencia desde las diez de la mañana otros ocho testigos en sesión de mañana y tarde, entre ellos el interventor accidental, Francisco Díaz, que se adhirió al informe de la secretaria y el edil José Antonio García Sánchez, que en el momento de tramitarse el expediente para adjudicar el informe del despacho de abogados era edil de Contratación -sigue como concejal en el equipo de gobierno- y que inicialmente, en su declaración en el TSJCV, se responsabilizó del expediente investigado para matizar sus manifestaciones poco después indicando que no conocer los detalles de la tramitación.

Fianza

El fiscal pide para Hernández la pena de tres años de prisión y 21 de inhabilitación y la acusación cuatro de prisión y 10 años de inhabilitación. Hernández ha prestado una fianza de 56.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles en caso de ser condenado.

Comparecencia clave de los tres despachos de abogados

El delito de falsificación documental del que se acusa a Hernández Mateo se basa en que para solicitar un informe jurídico externo de asesoramiento al Ayuntamiento sobre la adjudicación de la contrata de basuras había que consultar a tres empresas para valorar cuál lo podía hacer en las condiciones que solicitaba el Ayuntamiento -concluirlo en tres semanas y por 12.000 euros-.

En el sumario de la causa figuran decretos del entonces alcalde en los que se dice que se ha consultado a las tres mercantiles y se ha escogido a una. Sin embargo, los abogados Santiago González Varas y Juan de la Cruz Ferrer, en sus declaraciones en los juzgados de Torrevieja, indicaron que nunca recibieron tal invitación. Mañana comparecen en Valencia estos dos letrados y Jose Luis Villar Ezcurra, el abogado de "Ariño y Asociados", seleccionado finalmente y cuyo análisis de las ofertas dice que la más completa para la adjudicación era la de Acciona, que finalmente se llevó el concurso. Luego se comprobó que este despacho asesoraba a esa mercantil en distintos procedimientos por toda España. El alcalde mantiene que no participó en esta tramitación y que firmó la documentación como otras tantas que le llegaban a diario. D. P.