"Me limitaba a firmar, no comprobaba nada, no es mi trabajo".Con esta declaración el exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, responsabilizó ayer a un aparejador municipal fallecido, Emilio Gómez Jover, del informe en el que se basó la supuesta adjudicación fraudulenta del servicio de recogida de basuras en 2004 por casi diez millones de euros anuales. Fue en la primera jornada del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el que el veterano político torrevejense se sentó en el banquillo acusado por dos presuntos delitos de prevaricación y uno de falsedad documental durante el trámite de esta concesión. El Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión y 21 de inhabilitación para cualquier cargo público y la acusación cuatro años de cárcel y diez años y ocho meses de inhabilitación.
La legislación dice que cuando se recurre a ese asesoramiento externo es necesario invitar a tres empresas a realizar el informe. La Fiscalía y el letrado de la acusación, ejercida por Los Verdes, mantienen que el exalcalde comunicó, en distintos trámites rubricados con su firma, que se había dirigido a tres despachos de abogados, pero en realidad sólo lo hizo con uno, "Ariño y Asociados", que en su estudio concluyó que Necso (Acciona) -a la que el bufete ha representado legalmente en diferentes ocasiones- era la más capacitada para hacerse con el contrato "dando apariencia de legalidad" a un procedimiento "arbitrario".
La Fiscalía asegura que esta omisión es responsabilidad del exalcalde y diputado autonómico, quien incurrió en una "ilegalidad evidente y clamorosa". Hernández Mateo, que en varias ocasiones se remitió a las actas porque no recordaba algunas de las secuencias sobre las que le preguntaban y que no eludió el interrogatorio del fiscal y la acusación, se defendió -en la misma sala en la que se juzgó al expresidente Francisco Camps- asegurando que nunca intervino en este proceso y que se limitaba a firmar los decretos que le ponían delante -muchos a lo largo del día en su función de alcalde, recordó-, y que fue Emilio Gómez, aparejador municipal fallecido en noviembre de 2010, quien llevó el peso el proceso.
La presidenta del tribunal, Pilar de la Oliva, permitió al fiscal rebatir este argumento dando lectura de la declaración judicial que prestó el aparejador en noviembre de 2009 y en la que aseguró que no tuvo nada que ver con la consulta al bufete de abogados. Esta petición de consulta externa se produjo tras rechazo de tres técnicos -la secretaria municipal, el interventor accidental y un arquitecto, vocales de la mesa de contratación de febrero de 2004- a que se adjudicara el servicio tal y como se planteaba. Sólo el aparejador se mostró a favor de la oferta presentada por Necso. El entonces alcalde, ante la mayoría de informes contrarios, consideró necesario "aclarar las ideas", porque los técnicos -sobre todo la secretaria y el aparejador, dijo- estaban "enfrentados" y pidió ese asesoramiento, algo que, según admitió, nunca había hecho durante sus 23 años como alcalde. El expediente para adjudicar esa consulta se lo encargó a Gómez Jover, el mismo técnico que se había pronunciado a favor de adjudicar a Acciona "porque tenía una experiencia de 40 años y era el que más sabía de la materia", matizó. Hernández sugirió que el resto de técnicos se plegaron al voto particular contrario de la secretaria y no explicó por qué modificó el número de representantes políticos en la siguiente reunión de la mesa de contratación para superar los votos de los técnicos. Aseguró además que ya no tuvo conocimiento de la tramitación de ese expediente hasta que llegó la hora de adjudicar y que su intervención en este asunto se limitó a señalar que era necesario recurrir a informes externos para solucionar el expediente. Al tiempo el fiscal, y el abogado de la acusación, Ignacio Gally, le recordaban que los funcionarios testigos en este procedimiento indicaron que ellos nunca tuvieron constancia de esa tramitación.
"Le dije a Emilio Gómez que buscara tres despachos para la consulta, y pocos días después me presentó a los de "Ariño y Asociados" -despacho que cobró 12.000 euros por su informe-. Él lo preparó y lo supervisó todo", dijo Hernández, que se mostró serio pero tranquilo durante las casi tres horas en las que se prolongó la lectura de escritos de acusación y defensa y el interrogatorio. Hernández alegó que las prisas para tramitar el informe jurídico -se propuso el 2 de marzo de 2004 y se resolvió dos días después- se justificaban en que "el verano se echaba encima y había que dar servicio a una ciudad con 500.000 vecinos en verano. No podíamos pararlo todo y empezar de nuevo", explicó al tribunal, dando a entender que era cosa de técnicos y que no tuvo "curiosidad" por conocer cómo se iba a resolver, además de asegurar que fue una "sorpresa" para él comprobar, ya cuando se denunciaron los hechos, que dos de los tres despachos de abogados no fueron consultados.
Respaldo de la oposición
Vicente Grima, letrado defensor Hérnandez -el mismo que defiende al excalde de Alicante Luis Díaz Alperi en el caso Brugal- quiso trasladar, en una intervención corta, el respaldo del grupo socialista en 2004 a la adjudicación y que este grupo conocía que la contrata estaba avalada por un informe externo, -el PP gozaba de mayoría absoluta en el pleno-. Además aportó en el acto un documento que acredita que el despacho de abogados escogido, además de asesorar a la empresa beneficiaria de la adjudicación, también trabajaba para Urbarser, una de las empresas que se presentaba al concurso.
