27 de octubre de 2012
27.10.2012
40 Años

Una adjudicación de 130 millones con seis informes en contra

El caso de la contrata de la recogida de residuos partió de una denuncia de Los Verdes en 2007

27.10.2012 | 02:00

Los hechos que se juzgan en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se remontan al 24 de febrero de 2004, cuando la mesa de contratación municipal se reunió para exponer cinco informes técnicos sobre las ofertas de tres empresas que aspiraban a adjudicarse al servicio de basuras: la UTE Necso (acual Acciona)-La Generala, Ingeniería Urbana SA y Urbaser.
Cuatro de estos estudios -rubricados por la secretaria Pilar Vellisca; el interventor accidental Francisco Díez; el economista Vicente Ballester y el arquitecto Andrés Navarro-, eran contrarios a la adjudicación e instaban a declarar el concurso desierto, mientras que el quinto, elaborado por el aparejador Emilio Gómez, que había elaborado las plicas, señalaba a Necso como la más indicada para prestar un servicio que preveía un gasto público de 97 millones de euros en diez años, según recordó el fiscal, pero que superará los 130 millones en función de la actualización anual del canon del servicio cuando culmine en junio de 2014. A esos cuatro informes negativos se sumaron semanas después el del entonces jefe de Urbanismo, Víctor Costa Mazón, que tambén se pronunciaba en contra por la falta de terrenos adecuados para instalar la planta de basura -algo que es objeto también de otro procedimiento penal en los juzgados de Torrevieja- y el de la oficial mayor Pilar García, que rechazaba el procedimiento. En total seis informes contrarios a la adjudicación. Sin embargo el contrato se resolvió a través de uno ajeno a los técnicos municipales En 2007, Los Verdes denunció el procedimiento al hallar que el despacho escogido para resolver la contrata tenía una amplia vinculación con Necso (Acciona).

Recusación del técnico
El Ministerio Fiscal hizo alusión ayer a que la oposición intentó recursar al técnico Emilio Gómez Jover, fallecido en 2010, porque en el momento de decidirse la contrata su hijo -que figura como testigo en la causa- era edil de Urbanismo, su hija trabajaba como personal de confianza, otra en una empresa ligada a la gestión de aguas en el grupo municipal y su yerno en tareas de seguridad e higiene en Acciona.
Por otra parte, las sesiones del juicio se prolongan el lunes, martes y miércoles de la próxima semana con la declaración de 23 testigos, entre técnicos municipales, concejales del PP, exconcejales del PP y del PSOE y abogados.

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