Pedro Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP, se sienta mañana en el banquillo de los acusados tras 25 años de dilatada carrera política. Será en la Sala de lo Civil y Penal el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dada la condición de aforado del político torrevejense acusado de prevaricación y falsedad en documento público y que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel y 13 de inhabilitación para cargo público en relación a la adjudicación de la contrata de basuras en 2004 a la empresa Necso (actual Acciona). Concurso público que Los Verdes denunció tres años después, en 2007, como supuestamente fraudulento al adjudicarse el servicio multimillonario -el Ayuntamiento abona más de 13 millones de euros anuales por la recogida de basura- porque Hernández Mateo lo hizo amparándose en un informe de un despacho de abogados que trabajaba en esos momentos para la mercantil. Además, el expediente se validó pese a los informes en contra de los técnicos, incluido el de la secretaria que advirtió de que ninguna de las ofertas presentaba terrenos adecuados para instalar una planta de transferencia de basuras.

Del 26 al 31 de octubre están citados a declarar 22 testigos; entre ellos la secretaria, la oficial mayor y el interventor accidental del Ayuntamiento, además de otros funcionarios . Prestarán a su vez declaración los actuales concejales del equipo de gobierno del PP, José Sánchez y Eduardo Gil Rebollo, varios ex-ediles populares miembros de la mesa de contratación que resolvió el concurso y letrados relacionados con la causa.

Expediente

Aunque inicialmente algunas fuentes del Partido Popular indicaron que se suspendería de militancia a Hernández Mateo antes de la celebración del juicio, la formación ha optado por guardar las formas y actuar una vez conozca el veredicto que, en caso de ser condenatorio, inhabilitaría a Hernández Mateo de forma automática. El PP provincial se ha limitado a abrir un expediente sobre la situación del diputado que, además de esta causa, está imputado en otras dos: la investigación por la compra de suelo rústico en Almoradí y su venta a una inmobiliaria con intereses en Torrevieja por 5,2 millones de euros en 2002, y la decisión de no celebrar distintas sesiones plenarias ordinarias durante su mandato como alcalde.

La secretaria, el PSOE y Los Verdes reclaman desde 2011 que el Ayuntamiento se persone en el procedimiento por los posibles perjuicios económicos para la administración local que pudieran derivarse de una contratación irregular. El alcalde Eduardo Dolón decidió enviar en julio una consulta en este sentido al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat. El último escrito, sin embargo, llegó al órgano asesor el 17 de octubre, ya sin tiempo de que pueda ser analizada una consulta que además no es vinculante. La oposición considera que el PP ha retrasado el trámite de forma intencionada para no comprometer más el procedimiento que puede acabar con la vida política del principal mentor del actual alcalde y su mano derecha en el equipo de gobierno, el también diputado provincial de Turismo Joaquín Albaladejo. Ambos no podrán respaldar con su presencia al primer edil en la primera sesión de la vista oral porque tienen pleno ordinario -y no de los rutinarios- en Torrevieja.