La Comisión de Peticiones de la Unión Europea, en una reunión mantenida ayer, confirmó al concejal oriolano, Bob Houliston, que compareció por la mañana ante ella, que el proyecto urbanístico de Cala Mosca, que prevé la construcción de hasta 1.500 nuevas viviendas (aprobadas en 2007) en el litoral, se quedará en suspenso en tanto en cuanto España no resuelva una cuestión previa que plantearon en su queja los 7.000 vecinos que respaldaron al entonces líder del Partido de la Costa y ahora edil no adscrito.
Estos consideraron que no era posible sacar adelante el proyecto sin que existiera un informe positivo de impacto ambiental, independientemente de que el Plan General de Orihuela sí lo permitiese cuando se aprobó (en 1990), por haber sido previa su aprobación a la legislación urbanística valenciana y a sus exigencias sobre la protección del medioambiente.
Houliston, en conversación telefónica ayer con este periódico desde la capital belga, se mostraba complacido al término de la comparecencia tras entender que los eurodiputados eran receptivos a la necesidad de que España se pronuncie claramente sobre esta cuestión. "En este tiempo, en estos dos años y medio, ha habido tres intercambios de información con España y el primero era de un rechazo frontal a nuestra propuesta, algo que avaló el propio Ayuntamiento de Orihuela en un primer momento, en un documento que firmaba la concejala Antonia Moreno, asegurando que no se podía hacer nada porque el Plan General que posibilitaba esta construcción no exigía un informe de impacto ambiental".
Posturas
Houliston añadió que desde esta posición inicial se han ido modulando las posturas y que en estos momentos ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad Valenciana ni el Gobierno de España son tan taxativos para permitir la construcción, lo que ha permitido a la Comisión de Peticiones, "dejar el asunto sobre la mesa (sin resolver) paralizando el proyecto hasta tener clara cuál es la solución que se debe abordar". El concejal insistió en un asunto que no es menor, como es el hecho de que el pleno que aprobó el desarrollo urbanístico de Cala Mosca data de 2007 y en estos momentos sí existía una necesidad real de acogerse a la legislación autonómica. En caso de anularse el proyecto, el Ayuntamiento podría enfrentarse con millonarias indemnizaciones a los propietarios del suelo.
Los compradores del último suelo en la costa se conocen hoy
Mientras la costa ha conseguido paralizar, por ahora, la construcción de más casas, el Ayuntamiento abrirá hoy las plicas con las ofertas de las empresas que están interesadas en adquirir parcelas públicas con el objeto de edificar en el litoral. Como ya anunció Antonia Moreno, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana no prevé crear más suelo urbano en el litoral por lo cual estas parcelas que hoy se sabrá quién las compra suponen la última oportunidad para promotores y constructores. La operación nace polémica después de que el PP aprobara en el último pleno una iniciativa para paralizar una operación que supone en el mejor de los casos unos ingresos de 13 millones para inversiones, resolución plenaria que el equipo de gobierno ha desoído.
