"No sé lo que valen los recibos, no he abierto las cartas porque no los voy a pagar", era la respuesta de uno de los vecinos de Montepinar a la pregunta de cuánto dinero suponen las tres cuotas de siete que ya les ha girado la empresa urbanizadora. Esas cuotas que, aseguran, no pueden afrontar. No era el único que daba esta respuesta. Lo mismo contestaba Carlos Lorente, uno de los portavoces de la asociación de afectados que ayer protestó bajo el balcón de Alcaldía en Orihuela. "Yo no pienso ir a pedir un préstamo para pagar la urbanización y que después se quede mi casa el banco; para eso no pago y que me la embargue la urbanizadora, pero eso no será hasta dentro de unos años". Ese es el camino que han elegido bastantes propietarios que se ven abocados a pagar las obras de urbanización para legalizar sus casas, a juzgar por sus testimonios de ayer. Dejarán que la empresa Ehisa les denuncie si quiere cobrar, y mientras tanto posponen los pagos.

Otro caso sería el de Celia Ródenas: Por sus 2.900 m2 de parcela le toca pagar 78.000 euros en siete cuotas que le llegarán en un año. Las tres primeras han sido de casi 8.000 euros, 4.000 más y 400, y pregunta, "¿qué hago, dejan mis tres hijos de estudiar?". Casos como el suyo hay muchos entre los 350 propietarios. El Ayuntamiento, sin embargo, asegura que ofrece facilidades de financiación que los vecinos no han querido aprovechar. "Ya se dijo que se atendería cada reclamación individual (si no podían pagar) siempre y cuando hubiera papeles y que se darían préstamos a interés preferente, otra cosa es decir "que yo no quiero pagar ni en dinero ni en terreno"" dijo ayer el alcalde, Monserrate Guillén (Los Verdes), quien bajó a hablar con los manifestantes y les dio cita para el viernes. El regidor deslizó ayer la idea de que la mayoría no tiene dificultades para pagar las cuotas, si quiere hacerlo, vendiendo alguna propiedad. Por lo tanto, para el equipo de gobierno no es tan cierto el planteamiento de la asociación de que por culpa de la urbanización más de cien familias se verán abocadas a perder sus casas.

Ordenación

Guillén volvió a señalar que cualquier vecino que compra una casa legal paga, incluida en el precio, la urbanización. Montepinar, por haber crecido fuera de ordenación, no tiene ni alumbrado público, ni alcantarillado, ni aceras, ni asfalto... Y de eso se trata ahora, de que los propietarios paguen todas esas obras para convertir sus casas en legales, lo que a ojos del regidor es una oportunidad de revalorizar sus viviendas.

A ese argumento tienen los afectados varias contrarréplicas. La primera, que aunque no tengan alcantarillado ni alumbrado sí que pagan los impuestos que corresponden por ello desde hace treinta años y eso pese a no disfrutar del servicio. La segunda, que en Orihuela no hay precisamente pocas casas ilegales y se da el caso que a algunas (caso del Camino Viejo de Callosa o de la Carretera de Arneva) sí que les ha colocado el Ayuntamiento las farolas o el asfaltado. El alcalde, sin embargo, reiteró ayer que "de ninguna manera" va a pagar el Ayuntamiento (todos los vecinos de Orihuela) los costes de urbanización de unos pocos.

Los vecinos, aún así, no plantean que pague el Ayuntamiento sino que el precio sea realista, porque lo que ahora se está ejecutando se diseñó en época de bonanza económica y está "hinchado" (una opinión que compartían antes de elecciones los partidos políticos que hoy ocupan el gobierno, LV, PSOE y CLr) con calidades y acabados innecesarios.

Guillén, por su parte, les da la opción de que se constituyan en Agrupación de Interés Urbanístico, rescaten el proyecto indemnizando a la urbanizadora Ehisa (que tiene un contrato firmado que el Ayuntamiento no puede romper sin más) y redacten un nuevo proyecto. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha hecho, dice el alcalde, todo lo que puede recortando un 10% (un millón de euros) los costes.