"Amnesia colectiva administrativa". Eso es lo que considera Acciona, empresa adjudicataria de la recogida de las basuras, que sufren los técnicos y los cargos públicos del equipo de gobierno municipal del Partido Popular (PP) que han validado los informes que justifican la recisión de su contrato con el Ayuntamiento de Torrevieja. La multinacional ha expresado su oposición a expediente por el que se le comunica que el municipio quiere prescindir de sus servicios, algo que ocurre dos años antes de que termine la concesión (que cuesta a las arcas municipales 13 millones de euros al año). La mercantil anuncia que reclamará daños y perjuicios por esta decisión en caso de que salga adelante.
Acciona considera que los informes de los técnicos no avalan en ningún caso los dos argumentos esgrimidos para rescindir la contrata: la reiteración de la falta de prestación de servicios y la inactividad de la concesionaria a la hora de construir de las infraestructuras fijas (la planta de transferencia). Para la concesionaria resulta incomprensible que se pongan sobre la mesa esas razones cuando el Ayuntamiento no la sancionado en ocho años en los que lleva realizando la limpieza y recogida de basura en Torrevieja "con normalidad" por lo que "no cabe hablar de reiteración en la comisión de faltas".
La única actuación municipal relacionada con incidencias ha sido el rechazo al pago de facturaciones y la deducción por servicios no prestados, que fueron alegadas por la empresa sin que se recibiera contestación municipal y recurridas por la vía contencioso administrativa para que se abonen a Acciona en su totalidad. Esas deducciones se realizaron entre agosto de 2007 y mayo de 2008 y de mayo a septiembre de 2011.
En referencia a la planta de transferencia, que el Ayuntamiento cerró en marzo pasado por no contar con licencia, la empresa achaca esta ausencia de permiso al propio Ayuntamiento al no tramitar las solicitudes que comenzó a formalizar en 2005.
Terreno rústico
Acciona dice que escogió el terreno rústico de La Finca de La Marquesa para ubicarla de acuerdo con el propio Ayuntamiento, que ahora la ha cerrado, y que en ese recinto ha invertido un millón de euros. Asegura además que no necesita declaración de interés comunitario porque forma parte de una actividad de una concesión de un servicio público y de un patrimonio que finalmente será propiedad municipal. La concesionaria recuerda en un texto en mayúsculas que las instalaciones de la planta existen desde 2005, están en funcionamiento e, incluso, el propio Ayuntamiento las ha publicitado en una campaña para la retirada de podas. Algo evidente a simple vista pero que distintos informes de técnicos municipales han intentado eludir para evitar reconocer la existencia de una dependencia ligada a un servicio municipal sin autorización.
La alegación dice que es imposible determinar la causa por la que el Ayuntamiento pide la recisión de la contrata porque en los informes se hace referencia a varias de ellas, "de modo contradictorio, y exponiendo motivos y conclusiones diferentes, según el órgano o el funcionario autor del informe". Entre los propios responsables municipales "no hay un criterio unánime y son claramente contradictorios entre sí (...) ponen de manifiesto un enfrentamiento entre los distintos servicios del que finalmente se pretende hacer responsable a Acciona", sin que el alcalde sea instructor, como exige la legislación.
EL DATO
1 de septiembre
Cierre definitivo en La Marquesa
Acciona tiene que cerrar todas las dependencias de la finca de Casagrande de La Marquesa desde el 1 de septiembre. En marzo dejó de utilizar el recinto como planta de transferencia y desde el 1 de septiembre debe cerrar la nave taller y parque auxiliar del mismo recinto.
ARGUMENTOS DE ACCIONA
«La empresa tiene la planta de transferencia (cerrada por el propio Ayuntamiento en marzo por no contar con licencia) en la ubicación que se determinó conjuntamente con el Ayuntamiento».
«No se han podido ejecutar las instalaciones definitivas por los continuos vaivenes y contradicciones de los servicios municipales durante la tramitación de las licencias
y autorizaciones».
«(El Ayuntamiento) pretende huir de su actitud culpable y achacar su propio incumplimiento contractual
a la concesionaria».
«Esta causa de incoación del expediente, adoptada por la junta de gobierno con carácter exclusivamente político, resulta totalmente arbitraria».
Dos causas judiciales como trasfondo
La mercantil, que se llevó el contrato en 2004 en UTE con La Generala, asegura que ni la junta de gobierno es competente para instruir el procedimiento ni la oficial mayor para proponer la resolución de rescisión. Por lo que los actos dictados, "prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". En la resolución no consta quién es el instructor del expediente, incoado por la junta de gobierno. La empresa afirma que sería el alcalde Eduardo Dolón el que debería figurar como tal, pero "no interviene en ningún acto del procedimiento" y recuerda las diferencias de criterio entre los técnicos y el servicio de secretaria del Ayuntamiento "cuya propuesta de resolución excede su ámbito competencial".
El mayor responsable del área técnica (Víctor Costa) fue cesado hace unos meses y ha llegado a mantener un criterio y el contrario sobre la contrata, según los informes. Como trasfondo del cierre de la planta de transferencia y de la recisión de la contrata están dos causas judiciales.
La que llevará ante el banquillo en otoño al exalcalde Pedro Hernández Mateo (PP) por supuesta falsedad documental y prevaricación a la hora de adjudicarla en 2004. Y la que se sigue en un juzgado de Torrevieja que investiga la actividad de la planta de transferencia de basura durante años sin autorización y en la que está imputado el edil de Urbanismo, Francisco Moreno y la secretaria Pilar Vellisca. La recisión de la contrata libera de responsabilidad a políticos y técnicos. D. P.
