Un empresario agrónomo de Albatera ha sido detenido por la Comisaría Provincial acusado de tener contratados ilegalmente a 11 trabajadores, de origen ecuatoriano, vulnerando la normativa legal; así como a otros cinco españoles que carecían de contrato, todos ellos trabajando en condiciones de precariedad. Según fuentes próximas a la investigación, los empleados estaban sometidos a condiciones abusivas de trabajo, al margen de cualquier medida de seguridad exigida en la normativa de riesgos laborales y recibían por ello un salario, en algunos casos, de sólo 3 euros por hora. Dado que al menos 11 de ellos carecían de permiso de residencia y de trabajo, se encontraban en total indefensión para poder denunciar los hechos por miedo a ser expulsados del país.

La detención de F.B. se produjo hace diez días cuando un grupo de agentes y otro de funcionarios de la Inspección de Trabajo se presentaron por sorpresa en las instalaciones de la empresa, emplazada en el polígono industrial de La Granadina, en San Isidro. De forma paralela, la operación se desarrolló en una de las explotaciones agrícolas donde se encontraban los temporeros.

Vehículos

Junto al jefe de la empresa fue detenida también la encargada del funcionamiento de la trama, quien al parecer realizaba todas las gestiones para encontrar a trabajadores en situación de irregularidad.

Las mismas fuentes han trasladado que los temporeros era citados en un punto del municipio a primera hora de la mañana para ser llevados en vehículos de la propia empresa hasta las fincas donde pasaban el día trabajando.

La mercantil está dedicada a la recolecta, envasado y distribución de frutas y verduras y contaba hasta ahora con cerca de 40 trabajadores; entre ellos, los 16 que fueron detenidos. Tanto los empleados, como el jefe y la encargada del negocio fueron trasladados a los juzgados de Orihuela para prestar declaración. Todos ellos quedaron en libertad poco después, aunque al menos el empresario tuvo que hacer frente a una cuantiosa cantidad monetaria para poder salir en condición de libertad con fianza. La investigación judicial continúa abierta y no se descartan nuevas inspecciones. Tras la operación puesta en marcha la semana pasada, el empresario habría sido obligado a contratar a los empleados nacionales que carecían de contrato.