Una barrera humana formada por 50 empleados de Proambiente. Eso es lo que se encontraron los cuatro agentes de la Policía Local que ayer por la tarde acudieron al vertedero acompañados por la Guardia Civil para precintar su acceso principal en cumplimiento de un decreto de Urbanismo que establece como medida cautelar el cierre de las instalaciones que la planta de residuos tiene en Orihuela sin licencia. Los empleados se sienten "muy acosados" y dicen que lo único que intentan es "defender nuestro pan y el de nuestros hijos cuando nos hemos enterado de que venían precintar, no nos pueden impedir que vengamos a trabajar, lo demás está donde tenga que estar, que es en sede judicial" (en referencia a los supuestos vertidos ilegales en suelo no autorizado dentro de la empresa y en fincas agrícolas fuera de ella, aunque añadió que "en seis años que llevo trabajando no he visto nada ilegal y ahora tampoco, se está llevando la basura a otros vertederos"). Pasadas las 21.15 horas los agentes lograron pasar una cinta que significa el cierre y clausurar los equipos de pesaje de camiones, que son el "motor" de la planta.

Se enfrentan, según uno de los empleados, que no quiso erigirse en portavoz, al "acoso total y absoluto de la Policía hacia la empresa, no sabemos con qué intereses" y ellos además se sienten perseguidos por los vecinos de La Murada que se han instalado desde el 14 de junio en el "Campamento de la Salud", a las puertas del vertedero, controlando el paso de camiones. "Cada vez que vienes a trabajar te apuntan la matrícula, esto es acoso y derribo". Otro empleado añadió que "estamos aquí desde las cuatro de la tarde, mi turno acaba las 12 pero si hace falta estaré hasta mañana: Esta semana me han aprobado una hipoteca y esta es una empresa seria que jamás se ha retrasado un día en el pago de nóminas". La mercantil admitió ayer que durante los últimos ocho meses ha tenido que despedir a muchos trabajadores por la actual situación que sufre.

Actitud chulesca

El pedáneo de La Murada, José María Almarcha, dijo ayer que un grupo de unos 15 empleados de Proambiente se dirigió "en actitud chulesca" al Campamento pero que se dieron la vuelta al comprobar que estaba la Policía Local. Los agentes permanecen allí desde el pasado viernes, el día en que el Ayuntamiento ejecutó la orden de cierre en contra de la voluntad de la empresa, que no había aplicado la medida pese a conocerla desde el miércoles por la tarde.

El apoderado de la mercantil, Ramón Fenoll, ha remitido un escrito a Urbanismo en el que pide que se levante la medida cautelar de cierre porque las instalaciones que Proambiente tiene en término municipal de Orihuela no ponen en peligro el medio ambiente ni la salud de las personas. Ese fue el argumento del edil de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), al decretar la medida en paralelo a un expediente de sanción que se está tramitando y que podría imponer siete multas de entre 50.001 y 300.000 euros cada una por las siete instalaciones que la empresa tiene sin licencia en suelo oriolano (la puerta de acceso y báscula de pesaje, edificio de oficinas, depósitos de gasoil, taller mecánico...). Lo que la empresa sostiene es que esas instalaciones son para uso particular, no para prestar servicios a terceros, y por lo tanto no se pueden considerar actividad. Tampoco se les podría aplicar la ley de prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental porque no son en sí el vertedero. La planta de vertidos, que está clausurada por orden judicial, se asienta en Abanilla (Murcia) y es allí donde tiene todas sus licencias, según la empresa. Más bien el Ayuntamiento tiene una cruzada personal, dice el escrito, contra la mercantil simplemente por estar participada por Ángel Fenoll. En cuanto al Campamento, un empleado se preguntó si es legal dado que la acampada libre está prohibida y el terreno no tiene licencia de camping. "Esto los sábados por la noche hay que verlo, parece "Vertivega Summer Festival", la gente bebe, pone la música a tope y nos abuchea. No es serio". Este diario trató ayer sin éxito de hablar con el alcalde y responsable de Seguridad, Monserrate Guillén.