El procedimiento sancionador contra el vertedero de Proambiente por tener instalaciones en término municipal de Orihuela sin licencia y la medida cautelar de cierre de las mismas por las sospechas de que se puedan estar cometiendo vertidos ilegales de basura fueron notificados ayer a la empresa. Con esto el edil de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), ordena que se eche el cierre al acceso principal, a la báscula de pesaje de camiones, el taller mecánico y el lavadero, el aparcamiento de maquinaria, edificio de oficinas, núcleo zoológico, dos depósitos de gasoil y los vasos clausurados.

Para comprobarlo se podrán programar inspecciones de la Policía Local. Paralelamente se abre un plazo de 15 días en los que la empresa podrá alegar y recurrir la medida cautelar. Tras la resolución de alegaciones y la exposición pública, Zapata estima que en torno a noviembre se podrían imponer 7 multas de entre 50.001 y 300.000 euros cada una y que se podrá decretar el cierre definitivo de las instalaciones, que no tienen licencia de ningún tipo.

38 euros por tonelada

Fuentes de empresa indicaron ayer que ya están comunicando a una veintena de ayuntamientos y a sus concesionarias de recogida de basuras que el precio por valorización y eliminación de cada tonelada se elevará a 38 euros, frente a los 20 de media que se venían cobrando. ¿El motivo? El sobrecoste que según la empresa supone tener que transportar a su cuenta los residuos que no se pueden aprovechar en el proceso de valorización y reciclaje hasta vertederos de Fuente Álamo (Murcia) y Novelda.

Proambiente recibe 400 toneladas de basura diarias y tiene que transportar entre 40 y 80. La decisión de subir el precio no se había tomado hasta ahora desde que en septiembre se clausuraron los vasos de vertido porque confiaban en que la región de Murcia concedería la ampliación del vaso 3, un procedimiento que se está revisando.