Al vertedero de Proambiente no hacen más que crecerle los problemas con las administraciones tras muchos años "bailando entre dos aguas hasta que este Ayuntamiento se ha puesto a trabajar en defensa de la legalidad y de los ciudadanos que sufren los perjuicios de instalaciones que son ilegales y carecen de licencia de actividad", según dijo ayer el concejal de Urbanismo de Orihuela, Antonio Zapata (PSOE). El edil anunció que había iniciado un procedimiento sancionador y firmado un decreto que ordena el cierre cautelar de siete instalaciones porque están sobre el término municipal de Orihuela y no tienen licencia. Esa clausura se hará efectiva en el momento en que se notifique la orden, algo que se ejecutaría entre ayer y hoy, según estimó el concejal.
La empresa, reflexionó ayer Zapata, ha venido aprovechando que administrativamente está afincada en Abanilla (Murcia) para operar sin ningún tipo de permiso del Consistorio de Orihuela, pero ahora la Policía Local ha certificado en funciones de policía administrativa que esos siete módulos están sobre terreno de la pedanía oriolana de La Murada. El edil de Urbanismo espera aplicar siete multas de entre 50.001 euros y 300.000 euros, pero "además se puede imponer la clausura o cierre definitivo" de esos siete módulos, en concreto "el acceso a instalaciones y báscula de pesaje de camiones, el taller mecánico y lavadero, el aparcamiento de maquinaria de la empresa, la sala polivalente (un edificio destinado a oficinas), un núcleo zoológico, dos depósitos de gasoil y los vasos clausurados (el 1 y el 2)".
Las sanciones y el cierre definitivo podrían decidirse definitivamente en torno a noviembre, teniendo en cuenta los plazos para alegaciones. El cierre cautelar, al que la empresa puede también alegar pero que de momento se aplicará, tiene su origen en que el Ayuntamiento conoce "por distintos informes" que "se producen vertidos de lixiviados altamente peligrosos para la salud de las personas y el medio ambiente", no solo en el interior del vertedero, dijo Zapata, sino en fincas agrícolas en los aledaños de la planta.
Cartografía
La Región de Murcia no discute que esas siete instalaciones estén en Orihuela, según Zapata (quien participó la semana pasada en una reunión con el consejero de Presidencia, Manuel Campos, PP), aunque no hay tanto consenso en lo que se refiere al vaso 3, pendiente de autorización para ser ampliado. Según Orihuela y un informe oficial del Centro Nacional de Información Cartográfica está en suelo alicantino; según la región vecina y CartoMur, en suelo murciano. Así que ahora es esa una de las cuestiones que hay que dirimir, porque el Ayuntamiento de Orihuela se opone frontalmente a la ampliación.
Mientras ese permiso no se conceda, Proambiente tiene prohibido el vertido de basuras por dos vías: desde septiembre por orden administrativa y desde el día 19 por una medida cautelar dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Cieza, que investiga irregularidades en vertidos dentro del recinto.
Paralelamente, la empresa está siendo investigada por el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela por supuestos vertidos de residuos urbanos en fincas agrícolas de La Murada y la "Operación Subterráneo" esclarecerá si las mismas prácticas se cometieron en Abanilla. En este marco la empresa recibirá inspecciones periódicas.
Antonio Ángel Fenoll, vinculado al grupo que gestiona el vertedero, aunque no es socio de la empresa Proambiente, consideró ayer que "todo esto es una acción empresarial que lo único que persigue es que la basura termine llevándose a Alicante, a las instalaciones ligadas a Ortiz".
"Desde 2008 se sabía y se ha consentido una actividad ilegal"
El concejal de Urbanismo de Orihuela, Antonio Zapata (PSOE), quiso ayer hacer "una valoración política, al margen de la valoración técnica" sobre la clausura cautelar y el expediente sancionador a las instalaciones que Proambiente tiene en término municipal de Orihuela sin licencia. Aseguró que en 2008 la empresa, "representada por Ángel Fenoll, solicitó la compatibilidad urbanística, es decir, que se certificara que una determinada actividad se podía desarrollar en un determinado suelo, para la nave por la que hoy abrimos expediente sancionador; la resolución fue desfavorable y la firmó como alcaldesa Mónica Lorente (PP), por lo que alguien o algunos miembros del anterior mandato ya conocían desde 2008 que esta empresa pretendía instalar unas instalaciones en La Murada sin poder hacerlo, pero sin embargo no hicieron nada y han consentido que se haya estado perjudicando a los vecinos y que una actividad ilegal haya estado campando a sus anchas sin ningún tipo de control".
Zapata señaló que "tendrán que dar explicaciones no solo en Orihuela sino también en la Conselleria, que ya requirió al Ayuntamiento que informara de qué acciones estaba realizando a raíz de la incompatibilidad urbanística".
