Un portavoz autorizado de Proambiente explicó ayer que en el caso de que se lleve a efecto la clausura del acceso a la planta de residuos desde Orihuela en La Murada los camiones deberán acceder desde Abanilla, donde se instalará una báscula provisional para el pesaje. La decisión del Ayuntamiento de Orihuela supone, agrega la empresa, que todos los camiones de basura procedentes de una veintena de poblaciones de la Vega Baja, más de cien diarios, que utilizan las instalaciones de Proambiente para eliminar sus residuos deban alargar su recorrido una hora, 20 kilómetros de ida y 20 de vuelta, algo que las concesionarias deberán repercutir en el canon que cobran a los municipios. Muchos de esos municipios tienen concesión con Colsur, empresa del grupo de Proambiente, propiedad de la familia Fenoll. Los más afectados son Torrevieja y Pilar de la Horadada, que ya abonan 28 euros por eliminación de tonelada y que son los que están situados más lejos de la planta. La empresa asegura que ya ha preparado además una misiva para advertir sobre los sobrecostes del reenvío de su basura a un vertedero de Fuente Álamo (Murcia).
Proambiente explicó ayer que el cierre de los vasos de vertido en el mes de septiembre ha propiciado el despido de 55 empleados y que en la planta trabajan actualmente 95, sobre todo en las cintas de reciclado y los molinos de triturado. Esos tres molinos que procesan la basura que no se puede reciclar para deshidratarla y convertirla en combustible para las cementeras llevan parados dos meses porque ya no existe demanda de esas empresas, paralizadas por la crisis de la construcción. Se ha parado esa maquinaria para no seguir consumiendo energía y evitar gastos de mantenimiento. Esa plantilla de 95 personas se podría ver reducida con un ERE en los próximos días, subrayan.
