El magistrado del TSJ, Juan Climent, ha abierto juicio oral contra el exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por los delitos de prevaricación en la adjudicación del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y mantenimiento; y falsedad documental por el decreto de adjudicación del contrato de consultoría. El magistrado, que es el mismo que presidió el tribunal del llamado "juicio de los trajes" contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps -del que fue declarado no culpable por un tribuna popular- adopta esta resolución con base en las peticiones que le ha formulado tanto el Ministerio Público como la acusación popular, representada por el partido de Los Verdes (LV) de Torrevieja, cuya denuncia dio origen a todo el proceso.
Concretamente, el Ministerio Público solicita penas de ocho años de inhabilitación por el delito de prevaricación; y de tres años de prisión por el de falsedad documental. Mientras que LV reclama una condena de nueve años de inhabilitación por el primero; y cinco de prisión y otros cinco años de inhabilitación por el segundo. Es decir, una condena que supondría el final político del actual diputado autonómico del PP que, a día de hoy, aún tiene otras dos causas abiertas ante este tribunal: una por la compraventa de fincas en Almoradí, de las que obtuvo un multimillonario beneficio tras vendérselas a uno de los grandes promotores de Torrevieja; y otra por permitir la realización de un acto político en la precampaña de 2011 pese a existir un mandado expreso prohibiéndolo del juzgado.
El gabinete de Comunicación del TSJ hizo ayer público el auto de Climent, quien lo firmó el pasado día 22 de junio. El documento deja bien claro que no cabe más recursos porque se trata de la apertura de juicio oral, lo que, a las claras, supone que Hernández Mateo pierde esa condición a la que se sujetan tan habitualmente los políticos de imputado para pasar a ser sencillamente acusado, lo que no es óbice para que siga siendo inocente hasta que no exista una condena contra él. Climent realiza una larga exposición de siete folios en su auto para apoyar la tesis de las acusaciones de juzgarlo y, al mismo tiempo, tumbar la petición de la defensa de archivar la causa. Ahora se tendrá que sentar en el banquillo ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, probablemente el próximo otoño.
Indicios racionales
En su escrito, Climent es claro al asegurar que "estima este magistrado instructor que existen indicios de criminalidad (...) pues subsisten todos y cada uno de los indicios racionales basados en los elementos fácticos que se desarrollaron en el auto del 22 de mayo y que permiten sostener razonablemente la existencia en apariencia delictiva y la posible participación voluntaria en los mismos de Pedro Ángel Hernández Mateo, que ha sido acusado por el Ministerio Fiscal y por la parte acusadora".
El magistrado, además, requiere al acusado para que preste una fianza suficiente para asegurar las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas, que pudieran declararse procedentes en el importe de la multa solicitada por el Ministerio Fiscal (30.000 euros) y en el importe de la responsabilidad civil pedida (12.000 euros) y un tercio más (14.000 euros), lo que totaliza 56.000 euros o, en caso contrario, al embargo de sus bienes para cubrir esa cantidad. Una parte de esta cuantía se destinaría, en el caso de ser condenado, a indemnizar al Ayuntamiento por la cantidad correspondiente al coste del servicio de consultoría prestado por un despacho de abogados y por la diferencia entre el importe desembolsado a la empresa adjudicataria y la oferta más barata ofrecida en el expediente de adjudicación.
El uso de un informe para desvirtuar otro
En 2004 el Ayuntamiento de Torrevieja adjudicó el contrato de las basuras a la mercantil Acciona (antigua Necso) y tres años más tarde el grupo municipal de Los Verdes presentó una denuncia al considerar que este servicio se había otorgado a una empresa en contra del informe de los técnicos municipales. Para desvirtuar estos, según la acusación, el entonces alcalde había recurrido a la contratación de una consultaría externa a través de un decreto. Las investigaciones que iniciaron Los Verdes se basaban en que, precisamente, esta consultoría había realizando anteriormente trabajos para Necso y, consecuentemente con ello, dudaban de su objetividad, además de cómo había sido elegida para realizar dicho informe. En septiembre de 2011, el juzgado envió al TSJ el asunto tras realizar las primeras investigaciones de las que deducía que el procedimiento debía seguir su curso en un órgano distinto habida cuenta que no era de su competencia pues Hernández Mateo es diputado y, consecuentemente, está aforado. El exalcalde declaró recientemente ante este órgano y a la salida del TSJ negó que en su mandato hubiera irregularidad alguna en la adjudicación del citado servicio municipal. Igualmente, aseguró que estaba "muy tranquilo", porque "nunca" había cometido un delito y creía que "no había pasado nada".
