La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) de procesar a Pedro Hernández Mateo por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de las basuras de Torrevieja durante su etapa como alcalde pone en un brete al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Hernández Mateo, diputado en las Cortes Valencianas, decidió anoche -con confirmación a través de un comunicado- dimitir como presidente del PP en Torrevieja, el último cargo orgánico que le quedaba en la estructura del partido. Pero, sin embargo, optó por mantenerse en su escaño del hemiciclo autonómico y tampoco la cúpula regional popular decretó la apertura del correspondiente expediente disciplinario, tal y como marca la propuesta de Estatutos que, en su día, hizo el titular del Consell. "Estamos recabando información", se limitaron a señalar desde Valencia sobre el tema.
Con su salida como mandatario local del PP, el exalcalde de Torrevieja trata de parar el primer golpe y, de alguna manera, sortear las exigencias del código ético popular. Fuentes próximas a Hernández Mateo apuntaron que se marcha para evitar que su complicada situación afecte al PP tanto a nivel local como autonómico. La nueva reglamentación interna popular, aprobada en el último congreso celebrado en febrero en Sevilla, sin embargo, es muy clara. La apertura de juicio oral es una línea roja que obliga a culminar el expediente disciplinario y, en el caso de que se trate de delitos que puedan originar inhabilitación como es el caso, conduce la posibilidad de que se acuerde una suspensión temporal de militancia mientras se celebre la vista y se emite una resolución. A diferencia de su decisión de destituir a cargos de la Generalitat ligados a la trama de ONG y a los pagos a Urdangarín, en este supuesto, Fabra no podría actuar directamente sobre el acta de Hernández Mateo, que corresponde personalmente al diputado, pero sí reclamar su decisión.
Sin iniciativa
Ninguna de esas decisiones se tomó ayer. El grupo del PP en las Cortes está en una situación muy complicada con siete parlamentarios imputados y otros cuatro envueltos en diferentes investigaciones judiciales. Cualquier decisión que Fabra tome sobre el exalcalde de Torrevieja acabará afectando al resto de parlamentarios que arrastran problemas judiciales y, por tanto, el presidente de la Generalitat tiene que medir mucho sus pasos para no complicarse la vida.
Un sector del PP, sin embargo, apremia a la cúpula popular para que tome una medida ejemplar con el diputado autonómico porque, de lo contrario, la credibilidad que Fabra está intentando transmitir con decisiones fulminantes en los casos de corrupción que azotan a la gestión de la Generalitat se esfumaría al instante. Así que, en estos momentos, la pelota está en el tejado del jefe del Consell. Solo queda saber hacia donde la tira.
