El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acercó ayer al exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández, un poco más al banquillo de los acusados al desestimar su recurso contra la decisión que le procesa por los delitos de prevaricación y falsedad documental, según confirmaron ayer fuentes judiciales. El magistrado Juan Climent, que presidió el juicio con jurado popular que juzgó al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de basuras en el municipio de Torrevieja. El caso se remitió al TSJ dado que Hernández Mateo es aforado por su condición de diputado autonómico.

La decisión judicial no obstante, no es firme y todavía puede recurrirse a la sala de lo Civil y lo Penal del TSJ. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el recurso podría tramitado con rapidez, con lo que en caso de confirmarse la decisión de Climent, procedería dictar la apertura de juicio oral contra Hernández Mateo y sentarle en el banquillo. En ese momento se conocerían los escritos de acusación del fiscal y Los Verdes, que ejercen la acción popular.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el magistrado Climent incide en que de la investigación se deduce que hay suficientes indicios para juzgar al diputado autonómico y exalcalde de Torrevieja. Si es inocente o no de los delitos que se le imputan es algo que se deberá dirimir en el juicio. El auto se produce poco más de dos semanas después de que el magistrado adoptara la decisión de incoar procedimiento abreviado a Hernández Mateo, lo que equivale a un auto de procesamiento. El político había presentado un recurso ante el propio juez en contra de esa decisión que ahora se desestima.

En el anterior auto, dictado al cierre de la investigación, el juez incidió en que Hernández adjudicó la contrata -que ahora cuesta a las arcas municipales en torno a 13 millones de euros anuales- pese a que la secretaria y tres funcionarios informaron que debía quedar desierta. Tras la negativa de los técnicos, "sin debatir el fondo de la cuestión y sin entrar en los informes emitidos", dice el auto, el entonces primer edil pidió una asesoría externa que resolviera el asunto a un despacho de abogados -Ariño y Asociados-, que trabajaba, tal y como reconoció el abogado que lo elaboró José Luis Villar en su declaración, para Acciona, la empresa que resultó contratada. El exalcalde "hizo constar unas consultas con otras dos firmas -Santiago González y López Rodó- "que no se habían producido", dice el auto y "adjudicó directamente al despacho de abogados que ha mantenido relaciones profesionales" con Acciona. Climent afirmaba que "pese a su apariencia de regularidad, puede resultar indiciariamente arbitrario y con ello llevar a una resolución arbitraria e injusta" tanto la adjudicación del contrato a Acciona en 2004 como el proceso de adjudicación del mismo a la consultaría externa que resolvió la adjudicación.