Torrevieja Salud, concesión privada del departamento de salud pública de Torrevieja, adeuda en estos momentos a sus proveedores en torno a 29 millones de euros. Muchas de las empresas suministradoras de todo tipo de servicios han reclamado en reiteradas ocasiones a la gerencia privada de las instalaciones sanitarias públicas Hospital de Torrevieja y sus centros de atención primaria vía burofax que se satisfagan esos montantes económicos, según ha podido confirmar este diario. El departamento, al no poder hacer frente a esos abonos, ha optado por hacerse con los servicios de otras mercantiles para garantizar todos los suministros, tanto asistenciales como los de mantenimiento y farmacéuticos, vitales para el funcionamiento diario del hospital y su red de centros de salud -once y cuya gestión también depende de la concesionaria-. Esta situación no afecta a la asistencia de los miles de pacientes que utilizan los servicios del departamento de salud ni a los tratamientos.
La gerencia de la concesionaria -formada por Ribera Salud (como socio mayoritario) y Asisa- explicó ayer sábado que el departamento "está desarrollando un plan de pagos progresivo acordado entre el propio departamento y los proveedores" y añadió que "el servicio de abastecimiento de suministros funciona con total normalidad, tanto en el hospital como en los centros de salud del departamento".
La deuda se ha acumulado desde finales del pasado año cuando Torrevieja Salud no ha podido cumplir los plazos de pago establecidos desde que comenzó su andadura en 2006 y como en otras tantas grandes empresas, situado en 90 días, que ahora se han disparado a más de 300.
La Generalitat, pese a la compleja situación de las arcas públicas con abultadas deudas con el sector de las farmacias por ejemplo, ha mantenido durante todo el año 2011 su aportación al departamento a través de la cápita. Es decir, las cantidades que según el acuerdo de gestión por el que se rige el modelo de concesión, debe ingresar a Torrevieja Salud por cada uno de los usuarios potenciales del hospital y los centros de atención primaria. Unos 600 euros por tarjeta sanitaria (SIP) vigente, en torno 175.000 en todo el departamento.
Ingreso fijo
Por este concepto -la cápita-, el departamento de Torrevieja ingresa anualmente unos cien millones de euros, que son fijos en su presupuesto anual. La deuda se "come" ya entre el 25 y el 30% de la liquidez que maneja la concesionaria. En el Hospital y sus centros de atención primaria de Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Orihuela Costa, Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada trabajan en torno a 1.100 empleados.
Situación inédita en el modelo pionero de gestión valenciano
Uno de los riesgos de la actual situación en la concesión administrativa de Torrevieja es que alguno de sus proveedores más importantes solicite el abono por las deudas por vía judicial. Al contrario de lo que sucede en el sector público, en el que no se puede recurrir al concurso de acreedores para paralizar los pagos, en este caso se trata de una empresa privada la que gestiona un departamento sanitario por concesión de la Generalitat. Un caso, que por otra parte, es inédito desde que se pusieron en marcha este tipo concesiones de forma pionera en España en la Comunidad Valenciana para mejorar la eficiencia y ahorro en la gestión sanitaria pública en 1999 con el Hospital de Alzira. Incluso en el peor de los escenarios -un rescate por parte de la Generalitat de la concesión-, las deudas seguirían siendo responsabilidad de la empresa. Las dificultades que reflejan las cuentas del Hospital de Torrevieja llegan en un momento en el que su principal accionista, Ribera Salud, intenta vender su participación en el departamento y los que gestiona con otros socios en Elche, Manisses, Alzira y Dénia en la Comunidad Valenciana. Tras insistir públicamente durante meses en que mantenía las negociaciones con el capital de riesgo Capio sanidad y desmentir que no estaban rotas, Ribera Salud (formada al 50% por CAM y Bancaja, ahora fagocitadas por Bankia y Sabadell) ha comenzado un periodo de negociación con el capital de riesgo Atitlán, de la familia Roig y Mercapital. De la capacidad financiera de Ribera Salud, formada por entidades de crédito, da cuenta la demanda judicial iniciada por Inscanner, uno de sus socios en uno de sus negocios sanitarios. Un juzgado de Valencia dio el visto bueno al proceso de embargo de las cuentas de Ribera Salud por un importe de 4 millones de euros. Ribera Salud aseguró entonces que el procedimiento se había desactivado por la vía negociada. D.P.
