Hoy se cumplen doce días desde que se hizo efectivo el cierre de la planta de transferencia de basuras en la finca Casa Grande de Torrevieja. La empresa ha advertido al Ayuntamiento en dos escritos de alegaciones que la reorganización del servicio implica que cada vehículo de recogida transporte su contenido directamente al vertedero, situado a más de cuarenta kilómetros.

Una situación que exige la incorporación de "una serie de medios no previstos en las condiciones contractuales de esta contrata, lo cual supondría un desequilibrio económico de grandes magnitudes para la concesión del servicio". La concesionaria dice que el recorrido de ida y vuelta de cada vehículo al vertedero de Proambiente, en La Murada, sobrepasa las tres horas, lo que implica un aumento de la flota de camiones "del orden de diez unidades" y un incremento proporcional de medios humanos y tiempos de trabajo. Una reorganización que, además, requiere una puesta a punto para la que se necesitan cinco o seis meses. Toda la organización del servicio está estructurada, agregan, desde el inicio de la contrata, a partir de la existencia de la planta de transferencia. Ésta está cerrada por el Ayuntamiento, que adjudicó hace 7 años la concesión a sabiendas de los problemas para contar con un terreno en condiciones para albergar la instalación. La clausura se decidió coincidiendo con dos procedimientos judiciales que precisamente investigan las condiciones en las que se contrató el servicio. Acciona, en los escritos presentados para alegar el cierre el 5 y 6 de marzo, califica el decreto de "precipitado" y explica que afecta a otros servicios como el mantenimiento de parques y jardines, el ecoparque y la recogida de residuos sanitarios de los dos hospitales, el público y el privado. Incluso la empresa va más allá y asegura literalmente que la actual situación iba a conllevar "la acumulación" de basuras en las vías públicas y el "quebranto del normal funcionamiento de un servicio básico y esencial, que en definitiva es de titularidad municipal, con los consiguientes riesgos higiénico sanitarios".

Algo que no ha sucedido porque los trabajadores, de momento, aceptan la modificación sustancial de los turnos de recogida, con lo que la imagen de los camiones circulando a media mañana por el municipio se ha hecho habitual. Para la multinacional existe una "absoluta desproporción entre la medida adoptada y el daño evaluable económicamente al interés público y a la concesionaria".

De hecho, la empresa asegura que el cierre "quiebra el principio de confianza legítima que a lo largo de l0s años ha existido entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento y a raíz del cierre puede verse seriamente quebrado". El Ayuntamiento asegura haber preparado un decreto, que se estaba ultimando el pasado viernes, por el que se levantaba cautelarmente la medida de cierre y que no ha sido rubricado.