13 de mayo de 2012
13.05.2012
Orihuela

Un informe estima que hay casi 388.000 toneladas de basura enterradas de forma ilegal en dos fincas

El Instituto de Medicina Legal considera que la situación de La Murada supone un riesgo grave para las personas y los acuíferos

13.05.2012 | 02:00

El Instituto de Medicina Legal de la Comunidad Valenciana ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela en el que señala que en dos fincas de la pedanía oriolana de La Murada se han enterrado de manera ilegal cerca de 387.900 toneladas de basuras. Este organismo considera que la situación supone un riesgo de gravedad para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, por lo que recomienda la retirada de estos residuos para ser tratados de manera adecuada, así como la restauración de los terrenos afectados.
Fueron agentes de la Policía Judicial y del Seprona quienes encontraron basura enterrada en varias fincas de La Murada en diciembre de 2011, a raíz de una denuncia de la Concejalía de Medio Ambiente de Orihuela. La Guardia Civil recogió entonces muestras de tierra mezclada con basura triturada gracias a las indicaciones de un extrabajador del vertedero "Proambiente", que testificó dónde y en qué fechas se soterraron toneladas y toneladas de residuos. De las catas realizadas sobre el terreno para confirmar la presencia de estos residuos en el subsuelo se extrajeron muestras que han sido analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología. Los resultados se han incluido ahora en el informe pericial que concluye que la finca de Los Sigüenzas y la de Los Corrales, de 5,8 y 10,5 hectáreas de terreno, respectivamente, conforman auténticos "vertederos incontrolados de residuos sólidos urbanos". Tal y como señala el informe pericial, los enterramientos, de entre dos y tres metros de profundidad, se cubrieron después con una capa de tierra vegetal sobre la que se plantaron, en el caso de una de las fincas, decenas de árboles limoneros.

Peligro
El informe enviado el pasado 26 de abril al juzgado que instruye esta causa y al que ha tenido acceso este diario, alerta que estos enterramientos de basuras han supuesto alteraciones en el terreno que pueden derivar en graves consecuencias. En este sentido, señala que supone un riesgo para la contaminación de acuíferos, dado que los enterramientos carecen de cualquier tipo de revestimiento para retener los lixiviados y que ambas fincas se encuentran emplazadas en la ladera sureste de la Sierra de Abanilla, que confluye con la Rambla Salada.
De igual modo, destaca el riesgo de contaminación atmosférica debido a la falta de elementos de ventilación que controlen los gases que despiden estos residuos, así como el riesgo para los cultivos que se desarrollan sobre estas fincas y, por todo ello, del riesgo que supone para las personas.
Hasta el vertedero de Proambiente, propiedad del empresario Ángel Fenoll, imputado en esta causa por un presunto delito contra el medio ambiente, van a parar a diario buena parte de los desperdicios de un importante número de municipios de la Vega Baja. La planta se encuentra ubicada entre Orihuela y el municipio murciano de Abanilla, muy cerca de las fincas en las que se han encontrado los residuos enterrados de manera ilegal y que comprenden incluso desechos sanitarios.

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