Los tres funcionarios del Ayuntamiento de Torrevieja que informaron en contra de dar licencia de obras y actividad a la planta de transferencia de basuras en 2010 -funcionaba sin ningún tipo de autorización desde 2005- se ratificaron ayer en las conclusiones de sus informes que contradicen el visto bueno que finalmente concedió el edil de Urbanismo, Francisco Moreno, imputado en la causa y que se sirvió de un asesor externo para otorgarla. Esa autorización caducó y la planta fue cerrada a finales de febrero tras la denuncia del PSOE sobre estos hechos ante la Fiscalía de Alicante.
Todos confirmaron que la concesionaria Acciona necesita de declaración de impacto ambiental para obtener licencia. Incluso aunque la Generalitat ha determinado que el recinto no necesita declaración de interés comunitario (DIC) -una procedimiento administrativo especial para desarrollar actividades en suelo rústico-, creen que también lo requiere.
Cerrada
Los funcionarios -María Gómez, Daniel Cases y Miguel Pérez- acudieron ayer como testigos al juzgado de Instrucción 2 en el marco de esta investigación de supuestas irregularidades en la actividad de la planta de transferencia. La denuncia investiga el visto bueno a la licencia de obras, pero lo cierto es que por decreto del propio edil de Urbanismo se cerró la planta, en febrero, el día en que la Guardia Civil pidió la licencia ambiental.
Los técnicos aseguran que se han enterado de la clausura por la prensa. Tampoco tuvieron constancia en su día que sus informes fueron contrarrestados por un despacho externo que aseguraba que el recinto no necesitaba declaración de impacto. Tampoco han sido consultados para elaborar el decreto de cierre. Ninguno conoce la ubicación del recinto que funciona en la Finca Casa Grande de 2005 y saben para qué sirve por la prensa.
El jefe de Urbanismo también se opuso
Son cuatro informes en contra. El expediente por el que se concedió licencia de actividad y obras a la planta de transferencia también incluye uno del jefe de Urbanismo, Santiago Romero, que recopila las disposiciones de sus técnicos y resuelve que no se debe conceder licencia al no contar con evaluación de impacto ambiental (EIA), algo que se puso en evidencia ayer tras recordar alguno de los testigos quién es su jefe inmediato. El edil de Urbanismo, Francisco Moreno, no los atendió sirviéndose de un asesoramiento de un despacho de abogados urbanistas que concluía que era innecesario. Mientras, la planta de transferencia de basura cumplirá dos meses clausurada con sobrecostes importantes para la concesionaria; sin que la situación judicial recomiende su reapertura sin esa EIA y con las advertencias de la mercantil sobre las dificultades para realizar el servicio; sobre todo, ante la época estival. Algo que ya anticipó la pasada Semana Santa la acumulación de podas. Ayer el Ayuntamiento publicaba la exposición al público de la licencia ambiental sujeta a una declaración. La segunda que realiza en el marasmo legal y administrativo en el que se ha convertido este asunto.
Aplazamiento de la citación
El juzgado ha aplazado la comparecencia del edil Francisco Moreno y la secretaria Pilar Vellisca en calidad de imputados prevista para hoy para que la juez y el fiscal puedan acudir a los interrogatorios.
