¿Cuál será el futuro del siempre polémico servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Orihuela? El nuevo capítulo se tendrá que escribir a partir de ahora, después de que la concejala de Contratación, Asun Mayoral, firmara el jueves el decreto de resolución del contrato con la UTE "Orihuela Capital de la Vega Baja". Las posibilidades que se abren son varias y dentro del equipo de gobierno no hay aún consenso. Mayoral, sin embargo, enumeró dio ayer un orden de prioridades: La preferida, entregar el contrato a Urbaser y con ello ahorrar a las arcas municipales una indemnización millonaria. Si la empresa no lo acepta o si no es posible técnica, económica o jurídicamente hacerlo, la segunda opción es la gestión directa a través de una empresa pública o mixta. Solo si las dos alternativas se revelan inviables, el equipo de gobierno se plantea un nuevo proceso de licitación y adjudicación.
La edil compareció ayer para explicar que ha dado carpetazo con un decreto a la relación contractual con la UTE (Sufi-Valoriza, Liasur y Gobancast) por sus reiterados incumplimientos y deficiencias en el servicio, tal y como este diario informó ayer, y que a partir de ahora la mercantil tendrá que poner en marcha la maquinaria y dirigir a la plantilla cobrando mensualmente pero sin contrato, de forma indefinida hasta que el Ayuntamiento dé el siguiente paso. De hecho, junto al decreto de resolución se firmaba también el fin de la intervención del servicio (Contratación "secuestró" la limpieza y recogida de basuras hace dos meses, en plena huelga y hasta ahora eran tres técnicos del Ayuntamiento los que daban las órdenes), algo que entrará en vigor el lunes.
Abanico
De ahora en adelante, dijo, "se abre un abanico de posibilidades y las decisiones se van a adoptar lógicamente por consenso". Mayoral reiteró que "se ha reconocido por sentencia firme el derecho de Urbaser a ser la adjudicataria, y es una prioridad solucionar este tema porque para el caso de que no se le adjudique, ha solicitado una indemnización de más de 7,5 millones de euros y ahora que hay una posibilidad real el gobierno cree beneficioso poder dar cumplimiento a esta sentencia, porque así lo ha requerido el juzgado".
Con todo, "si no fuera viable, entraríamos a estudiar la posibilidad de asumir directamente por parte de este Ayuntamiento el servicio". Estimó que "en los casi tres meses que se ha prestado de manera directa el servicio (desde que se intervino en febrero) se ha demostrado que técnicamente es viable la gestión directa". Con todo, esa decisión no solo depende "de la capacidad técnica", sino que "habrá que recabar informes económicos que garanticen que dada la situación actual del Ayuntamiento, se puede garantizar la continuidad del servicio".
Ya en tercer lugar, y "para el caso de que no fuera viable o Urbaser rechazara el ofrecimiento, y si tampoco fuese viable la prestación directa, se estudiaría, descartadas las anteriores, sacar un nuevo contrato lógicamente con todas las garantías, constituyendo una comisión contando con la oposición para la elaboración de un pliego de condiciones y el seguimiento del concurso".
Garantías
Mayoral argumentó que la resolución del contrato se apoya en informes técnicos de incumplimientos y un informe jurídico del secretario municipal validado por el Consejo Jurídico Consultivo: "Se ha hecho con todas las garantías legales". El decreto incluye que la UTE debe indemnizar al consistorio con "2,3 millones de euros, la cantidad en la que los técnicos cifran los incumplimientos".
