En el mes y pocos días que el servicio de basuras lleva intervenido por el Ayuntamiento de Orihuela, los técnicos han ido elaborando un informe económico del que se dará cuenta en breve. Algunas de las claves detectadas por la concejalía que dirige Pablo Vidal (CLr), según ha podido saber este periódico, pasan por preguntarse ahora a qué se debe que llevar los residuos a Crevillent y Xixona esté costando menos que cuando se transportaban a la planta de Proambiente, en La Murada-Abanilla.

Según el informe, que se hará público en breve, los camiones de Orihuela llegan ahora con un número considerable de kilos menos y el transporte, aunque se hacen muchos más kilómetros, resulta más barato que cuando la UTE lo subcontrataba a "Liasur" para ir desde la planta de transferencia de Orihuela Costa a Abanilla.

En otro orden de cosas, la empresa Valoriza (antigua Sufi) acusó directamente al equipo de gobierno de urdir y estar llevando a cabo un plan para acabar con la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, adjudicataria de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. "Valoriza" expone este argumento en el recurso de reposición que ha interpuesto en contra de la intervención del servicio de las basuras, una decisión que tomaron los concejales de Contratación y Aseo Urbano, Asun Mayoral y Pablo Vidal (CLR), por decreto el 10 de febrero, el cuarto día de una huelga indefinida que, según informes municipales, ponía en peligro la salud de los ciudadanos.

"Valoriza" ha recurrido la intervención del servicio en solitario (no en una acción conjunta con sus otras dos socias en la UTE, las mercantiles Liasur y Gobancast) al entender que no se daban las circunstancias para el secuestro del servicio y que la intención real que hay tras de esta decisión es librarse a la actual adjudicataria. Para ello se basa incluso en artículos de este diario que daban cuenta de los avances en el expediente de resolución del contrato. Mayoral dijo ayer que el recurso se recibió el 9 de marzo (el último día del plazo) y que el hecho de que no lo presente la UTE en conjunto podría ser argumento suficiente para rechazarlo.

La edil siempre ha sostenido que hay dos procesos paralelos pero independientes: por un lado el expediente de resolución del contrato basado en más de 50 incumplimientos de la empresa, y por el otro la intervención del servicio a raíz de la huelga y el cierre del vertedero "Proambiente" por las deudas que la UTE acumuló (más de 2,5 millones de euros).

Informes

En lo que se refiere a la resolución del contrato, Asun Mayoral anunció ayer que el Ayuntamiento ha recibido el informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana (CJCCV), órgano al que el consistorio pidió opinión sobre su intención de deshacerse de la UTE y pedirle una indemnización a cambio de los trabajos que ha cobrado y no ha hecho. La edil aseguró ayer que este informe -que "no es vinculante, aunque no hay ningún impedimento en seguirlo"- detecta defectos formales que son subsanables en un plazo breve de tiempo, dijo, y "no entra a valorar el fondo". Así, conmina a completar la documentación y volver a enviarla para, esta vez sí, pronunciarse a favor o en contra de resolver el contrato.

En concreto, el CJCCV le dice al Ayuntamiento que no puede obviar en su expediente de resolución el hecho de que la propia UTE también solicitó en noviembre acabar con la relación contractual -eso sí, pidiendo una indemnización de 16 millones de euros-. El Consejo "viene a decir que si hay dos expedientes, en vez de resolver por un lado el que inició la UTE y por el otro el del Ayuntamiento, los acumulemos y elevemos de nuevo", explicó la concejala.

De otro modo, si la petición municipal se resuelve sin tener en cuenta la otra, la UTE podría alegar indefensión. El objetivo es "tener una resolución única, sin contradicciones". Contratación está valorando ahora si ampliar sus quejas sobre la UTE para sumar más argumentos a las causas de resolución.