06 de marzo de 2012
06.03.2012
Torrevieja

Urbanismo cierra la planta de basura sin legalizar tras 7 años de denuncias

El grupo municipal de Los Verdes comenzó en 2005 una batalla legal para obligar al Ayuntamiento a clausurarla por la falta de autorización del Consell

06.03.2012 | 01:00
Imagen reciente de la planta de transferencia de basura de Acciona.

El Ayuntamiento de Torrevieja ha decretado el cierre de la planta de transferencia de basuras de Acciona, empresa que tiene adjudicado el servicio municipal, según confirmó el diario. Las instalaciones están situadas en la finca Casa Grande, junto a la carretera de La Marquesa, y se abrieron en 2005 sin licencia municipal ni autorización de la Generalitat Valenciana. El recinto permite que los camiones depositen los residuos que recogen a diario en Torrevieja, con un volumen equivalente a lo que genera una población de 120.000 personas y hasta 80 toneladas de basura diarias. Mientras se depositan los residuos en este recinto, los camiones pueden volver a sus rutas de recogida y dejan a otros vehículos de mayor tonelaje el traslado final hasta el vertedero de La Murada- Abanilla, situado a 40 kilómetros. Algo que no podrán hacer a partir de hoy.
Desde que se puso en marcha esta instalación, el grupo municipal de Los Verdes ha denunciado en reiteradas ocasiones, por varios cauces, tanto administrativos como judiciales, el hecho de que la planta no cuenta con ningún tipo de autorización, ni de la Generalitat Valenciana -no pudo obtener la declaración de interés comunitario-, ni municipal, sin que la administración local haya actuado hasta ahora. Es un recinto de más de 20.000 metros cuadrados, levantado en suelo rústico y a escasos metros del perímetro de protección del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata, junto a la CV-942. El pliego de condiciones por el que Acciona se adjudicó el concurso de recogida de basura en 2004 recoge un emplazamiento distinto al actual para la planta de transferencia, que se sitúa en Los Montesinos, a más de ocho kilómetros, tal y como avanzó este diario.
El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno explicó que el decreto se realiza como consecuencia de un trámite administrativo anterior y en el que la empresa ha tenido periodo de audiencia y alegaciones. Ante esta nueva resolución, notificada el viernes y que entra en vigor hoy mismo, la empresa puede alegar también, pero el decreto es ejecutivo; es decir, se cumple al margen de las acciones que la multinacional emprenda ahora.

Compatibilidad
Moreno quiso matizar que la empresa, en un procedimiento administrativo que sigue abierto, ha solicitado la legalización de lo que tiene construido y, de hecho, ya ha obtenido la compatibilidad urbanística. El edil de Urbanismo no quiso aventurar por cuánto tiempo estará cerrada la planta hasta que la empresa pueda poner en orden toda la documentación, ni tampoco cómo va a actuar para hacer cumplir el decreto. Admitió el edil que es la primera vez que su departamento se enfrenta a un cierre de esta entidad, no quiso abundar sobre cómo se va a organizar la concesión a la hora de realizar su trabajo diario, ni si supondrá un incremento de costes que luego repercutirá en las tasas. Moreno dijo que el decreto nada tiene que ver con las investigaciones judiciales y añadió que es consecuencia de una actuación municipal para preservar la legalidad. El cierre no tiene efectos sobre el centro de trabajo de la empresa, situado en el mismo emplazamiento y al que acuden docenas de trabajadores -la plantilla es de 190 empleados-. Acciona no se pronunció ayer. La Fiscalía de Torrevieja investiga desde diciembre las condiciones en las que realiza la actividad en la planta en una denuncia tramitada por la Fiscalía de Medio Ambiente.

Hernández Mateo está imputado en el TSJ
El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) está investigando la adjudicación de la contrata a Acciona, sumario por el que está imputado el exalcalde y diputado del PP, Pedro Hernández Mateo. En el centro de la investigación, realizada a instancias de una denuncia de Los Verdes, se sitúa el hecho de que la secretaria alertara en un informe que la contrata no se podía adjudicar porque ninguna de las ofertas presentaba terrenos aptos urbanísticamente para acoger la planta de transferencia. Pese a esa advertencia y al hecho de que otros dos técnicos alertaran de que debía quedar desierto, fue el entonces alcalde el que en mesa de contratación propuso realizar un informe externo que aclarara el asunto. Ese informe lo realizó finalmente un despacho de abogados que, curiosamente, trabajaba para Acciona y en él se indicaba que la mejor oferta para llevarse el concurso era la de esta empresa, a la que se le adjudicó. El TSJCV investiga la actuación de Hernández Mateo por supuesta malversación y falsedad documental. D. P.

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