05 de enero de 2012
05.01.2012
CATRAL

Albero replica al PSOE que el mercadillo de la huerta es "legalizable"

Afirma que el Consell "alaba" el trámite seguido y sugiere que los socialistas quieren consolidar casas ilegales en la zona

05.01.2012 | 01:00

El alcalde Aurelio Albero y el equipo de gobierno del PP de Catral salieron al paso del anuncio de presentación por parte del PSOE de una denuncia a la Guardia Civil contra el mercadillo El Olivo. Para Albero el PSOE "se ha inventado una historia de irregularidades en función únicamente de su obsesión y persecución irracional e ilegal contra una iniciativa empresarial legítima y legalizable". Además de sugiere que el PSOE intenta completar la implantación de viviendas ilegales en la zona que toleró en anteriores mandatos.

El alcalde aclara que a diferencia "de la gran mayoría de mercadillos de venta ambulante no urbanos", el promotor solicitó de la Conselleria de Territorio que se le informara de los trámites para establecer en Catral, en suelo no urbanizable común, un mercadillo de venta ambulante. La Conselleria respondió que al ser un supuesto no contemplado como declaración de interés comunitario, debía tramitarse como un Plan Especial, lo que exigía del promotor que compartiera el uso de mercadillo con otros usos públicos.

El empresario presentó en el verano de 2010, el Plan Especial junto al estudio de impacto, acústico, arqueológico, estudios de integración paisajística y estudio de tráfico. Obtuvo el informe favorable de Carreteras y Comercio. Ésta última alabó el procedimiento, en la medida en "que estaba muy preocupada por el asentamiento en toda la Comunidad" de mercadillos sin ningún tipo de autorización, ni licencia. Además, el promotor cedió a su cargo terrenos para ampliar el acceso, los arregló y situó semáforos en la carretera de Catral a Dolores para ordenar el tráfico.

El propietario "harto" de la paralización por parte de la oposición de la tramitación ha reclamado ante el Síndico de Agravios. El primer edil hace una exhaustiva descripción de los datos que amparan, efectivamente, la legalidad de la tramitación, pero sin pronunciarse sobre su funcionamiento sin la autorización desde hace meses.

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