29 de diciembre de 2011
29.12.2011
Caso Brugal

El juez investiga el enterramiento de residuos sanitarios

Trata de conocer el origen y las fechas aproximadas en que se sepultó en La Murada

29.12.2011 | 01:00
Una imagen de las tareas realizadas por la Policía Judicial sobre el terreno donde aparecieron los enterramientos de basuras.

Dos meses después de que este periódico destapara la existencia de, al menos, dos parcelas en la partida oriolana de La Murada de 100 y 80 hectáreas, donde a simple vista existía entre limoneros todo tipo de basuras, desde jeringuillas a móviles, vidrios, papeles, teléfonos y aparatos electrónicos destrozados y, debajo de tierra, todo lo que usted se pudiera imaginar, el procedimiento por un supuesto delito ecológico está ya en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y del juzgado en el que se investiga el caso Brugal que, entre otras piezas, instruye como causas principales dos supuestos casos de corrupción política en la adjudicación de la contrata de las basuras por parte del Ayuntamiento Orihuela y del Plan Zonal para la Vega Baja por la Diputación.

Las catas se realizaron la semana pasada, el día 21, con apoyo de una máquina cedida por el propio Ayuntamiento y en presencia de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que asistieron al reconocimiento judicial, con asistencia del secretario, para dar fe de todo lo que se podían encontrar. Según diversas fuentes de la investigación consultadas por el periódico, la pala encontró basuras enterradas bajo tierra a lo largo de más de 7 metros de profundidad lo que, unido a la extensión del terreno, hace pensar a los investigadores que están ante uno de los delitos ecológicos más importantes que se pueden haber cometido en la provincia. De hecho, en otra de las catas se observó que había basuras enterradas en una capa de unos 5 metros de profundidad. Otras fuentes aseguran que en algunos puntos la misma puede alcanzar los 12 metros.

Los investigadores se llevaron muestras de aquellos productos que pueden ser fácilmente identificables y conocer su origen; principalmente envases sanitarios que, por ley, desde el momento que se utilizan en cualquier centro sanitario dejan un rastro que es el que los policías quieren conocer. Desde el Hospital en el que se suministraron, hasta cuándo se utilizaron y cómo es posible que haya cientos de kilos de material que, en muchos casos, precisa de una eliminación especial puede haber acabado sirviendo como abono a cientos de limoneros en una gran extensión. El asunto está aún en manos de la Policía Judicial que deberán realizar un informe y citar a los supuestos responsables. De entrada, el propietario del terreno a quien según diversas fuentes ya se habría interrogado.

Los investigadores no se explican cómo es posible que se haya podido esconder tal cantidad de basuras bajo tierra sin haber despertado sospechas porque se trata de un trabajo de varios años, según los datos que han recabado. Al parecer, la Policía Judicial cuenta con el testimonio de vecinos del lugar y otras personas que, al parecer, podrían haber trabajado en esta finca. Una de ellas, al menos, habría facilitado a los agentes el lugar exacto donde se tendrían que realizar las catas.

Ayuntamiento
En otro orden de cosas, señalar que el Ayuntamiento de Orihuela, que ha preferido no realizar valoraciones en referencia a este asunto, al encontrarse bajo secreto de actuaciones judiciales, sí está estudiando la posibilidad de ser parte en este procedimiento a tenor del grave daño ecológico que habría sufrido toda la zona.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Culiáñez, ya presentó antes del verano una denuncia por supuestos enterramientos de la que no se ha sabido nada, precisamente, hasta esta operación.

A la Conselleria no le constaban "posibles enterramientos"
Hace tres años, en 2008, y tras denuncia de vecinos de La Murada, agentes de la Policía Local de Orihuela levantaron unos informes sobre supuestos enterramientos de basura en la citada partida, documentos de los que nunca más se supo, según diversas fuentes consultadas por este periódico. Más grave parece la actuación de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ante la cual presentó el Ayuntamiento de Orihuela una petición este otoño para que se investigara si existían enterramientos ilegales y qué se podía hacer. El informe municipal señalaban dos puntos como susceptible de existir vertidos: Los Randeros y Los Ruviras, precisamente, en el mismo lugar donde se han realizado las catas por parte de la Policía Judicial. Curiosamente, hace pocos días contestó a este requerimiento la Conselleria de Medio Ambiente negando que la Policía de la Generalitat hubiera encontrado nada en la citada pedanía -algo insólito si se tiene en cuenta que la visita de los agentes se realizó el 4 de octubre, 11 días antes de que este periódico constatara la existencia de los enterramientos de basura-. En cualquier caso, la Administración valenciana facultaba al propio ayuntamiento para que realizara aquellos informes de carácter geotécnico que considerara conveniente si, realmente, consideraba que había basuras enterradas. De risa.

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