El Ayuntamiento anunció ayer el inicio de una investigación por un presunto fraude con las facturas de combustible que se cargaban en las cuentas en el anterior mandato municipal. Un asunto que trasladará a la Fiscalía una vez se complete toda la información. Según informó el equipo de gobierno del Partido Popular, "se ha cotejado la información de las facturas de gasolina que se pasaban a cargo de los fondos del Ayuntamiento de los últimos meses, por parte del anterior equipo de gobierno y se ha comprobado que existen matrículas de vehículos que no pertenecen al parque móvil".
Siempre según las mismas fuentes, estas facturas fueron aprobadas por la junta de gobierno del anterior equipo, formado por PSOE e Izquierda Unida.
De la información analizada hasta el momento, se desprende, que los vehículos con matrículas no pertenecientes al parque móvil municipal, realizaban de forma continuada un consumo de combustible a cargo del erario público. En todos los casos para repostar en la única estación de servicio que existe junto al casco urbano de este municipio de 7.500 vecinos. Y en la mayoría para llenar el depósito. "Las personas que repostaban no formaban parte de la plantilla municipal y habían recibido, supuestamente, autorización verbal para realizar ese cargo por parte de miembros del equipo de gobierno de entonces, que además aprobaba las facturas en junta de gobierno sin informe previo de técnico municipal", según el Ayuntamiento.
De hecho, el PP ha adoptado como norma desde que ocupó el gobierno local que cada una de las facturas por gastos esté acompañada de un informe que la avale. El Ayuntamiento una vez concluida la investigación interna presentará toda la documentación pertinente a la Fiscalía por si se hubiese cometido algún delito.
De momento, sólo se ha podido estudiar la documentación correspondiente al año 2010 y principios de 2011, por lo que, según explicaron fuentes cercanas al equipo de gobierno, que quisieron aventurar un importe total de los cargos y recordaron que falta por analizar la gestión municipal desde 2007. Además el Ayuntamiento está analizando toda la documentación, como ya se hizo con el caso de las facturas de telefonía móvil, donde ediles del anterior equipo de gobierno utilizaban el teléfono público para llamar al extranjero y enviar SMS Premium.
Llamadas a Brasil
Se está indagando en este caso en torno al consumo totalmente anómalo que aparece en algunas facturas de exediles. En concreto una regidora gastó 30 euros en llamadas a Brasil y 70 euros más en SMS Premium -los que se envían para optar a concursos televisivos y otros usos comerciales-. Y no se trata del único caso entre regidores del anterior equipo de gobierno. Sobre este asunto las mismas fuentes aportaron algunos detalles.
El Ayuntamiento, presidido por Emilio Fernández, ha pedido en cuatro ocasiones, por escrito y por distintos métodos oficiales que cinco miembros del anterior equipo de gobierno socialista, tres exconcejales y dos regidores que ahora están en la oposición, devuelvan los terminales municipales que empleaban para llevar a cabo su cometido. Los únicos que han asumido la petición municipal han sido la exalcaldesa Leticia Bas, el exteniente de alcalde Joaquín Pozuelo y un exasesor.
