El acuerdo de PSOE y PP en San Miguel de Salinas decidió ayer la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable a la UTE Gestagua-Grupo Generala por 750.000 euros. A cambio, la mercantil se compromete a invertir 4,5 millones de euros para construir nuevas infraestructuras que eviten que los vecinos de varias urbanizaciones tengan que seguir utilizando en su día a día un agua procedente de pozos, que fue declarada en 2005 por la Dirección General de Calidad Ambiental no apta para el consumo humano
En el pleno, socialistas y populares acordaron la privatización de este servicio con el objeto de acabar con la mala calidad del agua que hasta ahora abastecía a unos 3.500 vecinos de urbanizaciones emplazadas en el extrarradio del municipio. A la sesión plenaria acudieron numerosos residentes de las zonas afectadas, la gran mayoría de origen británico, quienes celebraron la adopción de esta medida. La única abstención fue la protagonizó la edil de IU Bienvenida Campillo. Al término del pleno, el primer edil se acercó a la bancada del público asistente y atendió todas sus cuestiones para explicar los pormenores de la concesión.
El regidor municipal, Ángel Sáez (PP), subrayó que "no se trata de una privatización del servicio" sino de una "concesión administrativa" por un periodo de 25 años. En este sentido, explicó que el precio del servicio lo seguirá marcando la Corporación y será la empresa la que estará "a las órdenes del Ayuntamiento" y no al contrario.
UTE
El contrato con la UTE concesionaria se firmará en un plazo aproximado de 15 días y será a partir de entonces cuando la empresa se hará cargo de este servicio, que también incluye el alcantarillado y las infraestructuras de pluviales.
El alcalde justificó la adopción de esta medida por la necesidad de acometer dichas obras y la imposibilidad de costearlas con el dinero de las arcas municipales. Así consideró que con este acuerdo se acabará con la sensación que tienen algunos vecinos de ser "ciudadanos de segunda", en referencia a los de las urbanizaciones que se abastecen con agua de dudosa calidad procedente de pozos.
A su juicio, "esa sí era una gestión privada del servicio de agua", puesto que era la empresa que gestionaba los pozos la que delimitaba el coste del servicio.
