El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela (que forman PSOE, Los Verdes y CLR-Claro) se ha enrocado y no soltará ni un euro a Urbaser por la sentencia dictada el 11 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que resolvió que la empresa tenía todo el derecho a haberse adjudicado en 2007 el contrato de las basuras. La resolución es firme, no cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (el TSJ era ya la segunda instancia tras el fallo del juzgado de lo Contencioso de Elche), pero no tiene ejecución posible; es decir, la resolución da la razón a Urbaser, pero no determina cómo tiene que ser resarcida. El pasado martes, según confirmó ayer este periódico, un responsable de Urbaser se entrevistó con el alcalde, Monserrate Guillén por este asunto en lo que, a priori, iba a ser una mera presentación del nuevo responsable, pero ya se enteró por éste que el nuevo equipo de gobierno no está por la labor.
Para saber cómo se inició este pleito hay que remontarse a marzo de 2006, cuando el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 abrió una investigación, a instancia de la Fiscalía y a raíz de unas escuchas hechas públicas por el empresario Ángel Fenoll, en las que éste denunciaba un supuesto amaño y cobro de comisiones para decidir la adjudicación. Fenoll, quien se encontraba entre las empresas que aspiraban a la contrata, se quedó fuera. La polémica que levantó aquellos hechos hizo que el Ayuntamiento gobernado por el PP declarara nula la contrata que ya se había adjudicado de forma provisional a Urbaser.
A favor de esta empresa, y eso es algo que ha hecho valer en el procedimiento, estaba el hecho de que fue un informe de la Universidad Politécnica de Valencia el que consideró que su oferta era la mejor. Para el TSJ la decisión de anular dicho concurso no estuvo ajustada a derecho.
Pagar
"A mí -dijo ayer el regidor a este periódico- si hay que pagar un euro o dos o si Urbaser tiene que ser la adjudicataria y la que hay no vale, me lo tiene que decir un juez y eso aún o me lo ha dicho. En el caso de que pase, lo que hará este equipo de gobierno es pedir responsabilidades a los que, en su día, tomaron esa decisión de declarar nulo el concurso". Guillén se estaba refiriendo obviamente al equipo de gobierno del Partido Popular y a los concejales que con su voto decidieron la anulación del concurso. El alcalde no quiso dar más explicaciones sobre otras cuestiones tratadas en la reunión porque, dijo, "fue una mera entrevista con el delegado en la zona", pero sí admitió que Urbaser le ha trasladado que ya ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que le diga ahora cómo se tiene que aplicar la sentencia.
Rechazo
Monserrate Guillén se mostró firme en que los 9 millones de euros que, incluso miembros del equipo de gobierno tasaron la posible indemnización que tendría que cobrar Urbaser (el equivalente a un año), no saldrán de las depauperadas arcas del Ayuntamiento de Orihuela. "Me lo tiene que decir un juez", reiteró el alcalde.
Guillén, quien tiene asesoría jurídica y cinco letrados en el equipo de gobierno, cree que afortunadamente para el municipio están ante un largo pleito. Otra cuestión muy distinta es lo que Guillén opine sobre este asunto.
Las sentencias declarativas en el derecho administrativo, como es el caso, son relativamente habituales en derecho. El ciudadano o, en este caso, la empresa obtienen una resolución que le da la razón,l aunque huye de decir cómo se tiene que aplicar ese resarcimiento. Consecuentemente con ello, se considera un triunfo a medias. Otro caso similar es el de la planta de basuras de Elche, declarada ilegal hace años por el Supremo pero que a día de hoy continúa abierta y generando problemas.
