El edil de Urbanismo de Orihuela, Antonio Zapata (PSOE), está decidido a atajar el problema de las infracciones urbanísticas que viene arrastrando el municipio desde hace décadas. Las construcciones sin autorización que han ido creciendo como champiñones aquí y allá, sobre todo en los alrededores de pedanías y en la costa, lastran el desarrollo ordenado y planificado del término municipal, y por ello Zapata avanza que pondrá en marcha un "plan especial de regularización de viviendas ilegales".
Según sus estimaciones, hay 8.000 viviendas fuera de la ley que han de ser regularizadas, lo que no significa que después de que sus dueños paguen las sanciones urbanísticas reciban la etiqueta de legales. Más bien se trata de poner al día un mapa real del municipio para poder planificar el futuro, pues de lo contrario "el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en trámite nace anticuado y tendremos que empezar desde el primer día con modificaciones puntuales", dice.
En este sentido, Zapata concretó que "nos vamos a poner a trabajar en este "plan especial de regularización de viviendas ilegales" pero después de él habrá tolerancia cero: Desde el momento en que se ponga en marcha, una casa que se esté empezando a levantar se tirará, como ya se hace en Elche o en Torrevieja. Hasta aquí hemos llegado". El concejal de Urbanismo ahondó en que "nos comprometemos a regularizar las viviendas que se encuentren ahora de forma ilegal, pues no vamos a desalojar a una familia de su vivienda principal cuando esa situación ha sido consentida por el anterior equipo de gobierno". En cuanto a los detalles de este plan de actuación, indicó que "en cuanto lo tengamos bien protocolarizado lo daremos a conocer".
En trámite
El Ayuntamiento está resolviendo cada semana entre cinco y quince infracciones urbanísticas de todo tipo (desde ampliaciones de viviendas sin permiso de obra hasta construcciones de casas íntegras), expedientes en trámite que en ocasiones vienen de la legislatura anterior y que se resuelven en Junta de Gobierno tanto para imponer multas como para declararlos caducados o prescritos (cuando pasan cuatro años no se pueden reabrir ni cobrar).
Las sanciones por infracciones urbanísticas van del 25 al 50% del valor de la obra que se ha ejecutado sin permiso (el porcentaje se decide en función de parámetros marcados en la Ley Urbanística Valenciana, LUV, nunca con arbitrariedad, insiste el concejal). Esta misma semana la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado que, en la medida de lo posible, se van a aceptar atenuantes (también recogidos al detalle en la LUV) para aplicar los porcentajes mínimo (25%) y medio (37,5%), pero no la tasa alta (50%). La razón es que el consistorio es consciente de las dificultades económicas de las familias para abonar multas que pueden ascender hasta los 60.000 euros (así lo explicó el edil de Comunicación, Pedro Mancebo), pero "Urbanismo no puede decir que entendemos que no tienen medios para pagar la multa, porque el hecho de hacerse una casa ya es señal de riqueza", puntualizó Antonio Zapata.
El planteamiento que puso sobre la mesa Mancebo incide en que no se van a imponer las sanciones más severas, pero sí se va a trabajar para que todas las multas por infracciones urbanísticas se tramiten a tiempo y se cobren. "No quiero que se entienda que rebajamos las sanciones porque vamos a aumentar la vigilancia -añadió Zapata-, sino que se va a aumentar la vigilancia porque no se puede permitir que en pleno trámite del PGOU aparezcan viviendas ilegales por todos lados: No se trata de rebajar las sanciones a cambio de multar más, se va a aumentar la eficacia contra las viviendas sin licencia en suelo rústico y no urbano, se va a aumentar la eficacia recaudadora".
Los técnicos trabajan con tres años de retraso
"Tenemos unos funcionarios excelentes, pero con medios del paleolítico, muy escasos y anticuados. Eso provoca la caducidad y la prescripción de expedientes de infracción urbanística, y que esas sanciones ya no se puedan cobrar". Es el diagnóstico de Antonio Zapata, quien reconoce que "los funcionarios de Urbanismo van tan saturados que no llegan a dar salida a todos los expedientes y la eficacia en el cobro de las sanciones no se concreta". De hecho, asegura que se están tramitando ahora infracciones detectadas en 2008 y 2009, cuando deberían estar resueltas en seis meses. Es decir, que Urbanismo trabaja con un retraso de hasta tres años. Por ello, "se va a modernizar el área, pues un expediente mal informatizado se te escapa" y se reorganizará a los técnicos porque algunos tienen tareas en varios departamentos al mismo tiempo. e. g. b.
