Proambiente presentará un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno de Murcia de suspender la actividad del vertedero de Abanilla. Fuentes de la empresa aclararon ayer que pese a la insistencia del ejecutivo murciano en difundir que la actividad ha dejado de realizarse, de momento, las instalaciones funcionan con total normalidad. En cualquier caso, las mismas fuentes indicaron que la empresa, sí tiene que clausurar el vaso de vertido que tiene autorizado, el número 3, aunque estaría dispuesta a seguir recibiendo los residuos de los municipios para los que presta servicio, la mayoría de la Vega Baja, además de Calp y cuatro murcianos. Podría, aseguran, asumir los vertidos y reciclarlos al 80% y el resto, transportarlos a otros vertederos. Proambiente solicitó una aclaración al ejecutivo murciano sobre esa resolución y ahora está a la espera de la notificación de su decisión sobre la clausura es firme. En su recurso de alzada la empresa estudia reclamar responsabilidades patrimoniales y penales individuales a los técnicos que han realizado el informe desde la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia del Gobierno Murciano porque entienden que sus consideraciones no se ajustan a la realidad de la actividad y el propio informe tiene vicios de nulidad.

Proambiente recuerda además las consecuencias de un cierre total -incluidas las instalaciones de reciclaje- para los citados municipios -entre ellos Torrevieja y Orihuela-. Si las contratas de recogida de esas ciudades se vieran obligadas a verter en otros basureros los costes de transporte y eliminación -lo que cobra cada vertedero por tonelada de basura que recibe- subirían de forma considerable, y eso, en un momento en el que la mayoría de municipios ya mantienen deudas importantes con sus respectivos servicios.

El Gobierno de Murcia, que durante más de una década ha desoído las denuncias sobre estas instalaciones, sí decidió en 2010 tramitar una de Ecologistas en Acción en la que se dice que el vertedero ocupa 37 hectáreas del Lugar de Interés Comunitario -protegido- de la Sierra de Abanilla. El Gobierno Regional actuó en la zona a conciencia. Sus funcionarios realizaron media docena de visitas a las instalaciones entre enero y mayo. El informe documenta el vertido de miles de toneladas en vasos y suelos no autorizados, incluso sobre el 1 y 2 que están sellados desde hace años, entre otras muchas deficiencias que Proambiente recurrió aunque sin tener margen para hacerlo como dispone la legislación, según mantienen.

El 14 de julio la empresa recibió la propuesta de resolución que le reclama la suspensión definitiva de la actividad y un proyecto de sellado de los vasos, a lo que Proambiente alegó sin éxito y advirtió entonces que el cierre del vertedero dejaba sin instalaciones de eliminación a Santomera, Fortuna, Beniel, y Abanilla. La Consejería de Presidencia ya tenía una respuesta para ese argumento: "Las plantas de Cañada Hermosa y Ulea (Cespa) disponen de capacidad para admitir esos residuos".