El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno (PP) ha abierto un trámite de audiencia a la mercantil Acciona, previo a la declaración de caducidad de la licencia de obras que solicitó en 2005 la empresa y no logró para la construcción de una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos en Torrevieja, según informó ayer Los Verdes (LV). Esta formación interpreta que de esta forma el edil de Urbanismo "reconoce abiertamente la ilegalidad" en la que se encuentra la planta de transferencia que la empresa mantiene en la Finca Casa Grande junto a la carretera de La Marquesa.
Estas instalaciones, con un vallado perimetral y una nave, tienen como objetivo acumular las basuras que se recogen a diario en Torrevieja -hasta 80 toneladas- y que los camiones puedan continuar sus rutas por la ciudad, mientras otros transportan en horario nocturno los residuos al vertedero del empresario Ángel Fenoll en La Murada, a 30 kilómetros. Las instalaciones, que también albergan la flota de camiones y el principal centro de trabajo de Acciona, fueron construidas y están en funcionamiento desde 2005, "en la más completa ilegalidad", según Los Verdes. Algo que el equipo de gobierno "ha venido manteniendo pese a las numerosas denuncias presentadas por LV ante distintas instancias administrativas".
Las mismas fuentes acusan al PP no sólo de "consentir" que se incumpliera la normativa urbanística y de obras municipales, también de permitir que se incumpliera "de forma flagrante" el pliego de condiciones para la adjudicación de este servicio -por el que el Ayuntamiento paga al año 13 millones de euros- y el contrato de adjudicación firmado por el entonces alcalde y los responsables de Acciona, pese a las advertencias en contra de los técnicos municipales y la oposición de la mesa de contratación.
Además, un juzgado de Torrevieja ha imputado al exalcalde Pedro Hernández Mateo por supuesta prevaricación y de falsedad documental, ante una denuncia de LV, por estos hechos. El procedimiento judicial ha sido asumido por el Tribunal Superior de Justicia por la condición de aforado de Hernández Mateo que es diputado autonómico. La juez que instruyó el caso afirma que el entonces alcalde resolvió en 2004 adjudicar la contrata a Acciona-La Generala pese a que la secretaria advirtió de que no presentaba terrenos con la calificación urbanística procedente para albergar la planta de transferencia. Ante la petición de los técnicos de que el concurso quedara desierto Mateo resolvió que el informe de una empresa externa dilucidara qué oferta era la mejor. Decisión que fue favorable a Acciona. La juez cree probado que el abogado escogido y que apostó por Acciona trabajaba al tiempo para esa misma empresas y que las despachos de abogados que el Ayuntamiento aseguró que habían sido invitados a optar a realizar ese informe no recibieron notificación alguna municipal. Cuando finalmente se le adjudicó el concurso, la mercantil improvisó la planta de transferencia en el citado emplazamiento, a menos de 600 metros del parque natural de las lagunas.
Francisco Moreno
Tramitación de la caducidad de la solicitud
El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, explicó que lo único que ha tramitado su departamento es la caducidad a una solicitud presentada por Acciona para realizar obras de las que se habla "en futuro" - no sobre las que ya están hechas y que la petición se presentó sin toda la documentación correspondiente a la obra. Moreno lamentó el tono que emplea LV en su comunicado y no quiso abundar sobre la legalidad del recinto de Acciona en 2005, aunque recordó que se trata de una empresa que realiza un servicio para una administración pública y por lo tanto facultada para llevar a cabo esta actividad tras su contratación, aunque advirtió que en todo caso sólo podía responder por su área de responsabilidad, que es Urbanismo. D. P.
